La reforma del marco legal de los medios electrónicos y las telecomunicaciones en México constituye un punto ineludible e inaplazable de la agenda nacional, manifestó el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios, conformado por organizaciones de la sociedad civil.

En un pronunciamiento, el frente subrayó que si se carece de un orden jurídico democrático para el funcionamiento de la radiodifusión y las telecomunicaciones en el país, no se podrá concretar una auténtica reforma política ni desarrollar la sociedad de la información con una perspectiva social y de mayor equidad.

En el documento, Artículo 19, los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, Cencos, el Club de Periodistas, Católicas por el Derecho a Decidir, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe y Letra S, entre otros, advirtieron que estas modificaciones deben basarse en el interés nacional.

Los principios fundamentales de una auténtica reforma deben ser: la definición de la actividad de los medios como de servicio público y no de interés público, con las implicaciones que ello conlleva en términos de derechos ciudadanos, atribuciones estatales y responsabilidades para las empresas de medios y telecomunicaciones.

Además, deberá acotar los esquemas de concentración existentes en el sector de los medios electrónicos, las telecomunicaciones y los que comienzan a configurarse en el escenario de la convergencia; reafirmar la condición estratégica del espectro radioeléctrico como propiedad de la nación y por tanto de su soberanía.

Los criterios para la renovación de concesiones deberán partir del servicio prestado a las audiencias, la calidad de las emisiones, la pluralidad y diversidad existentes en los contenidos. Ninguna concesión deberá ser por tiempo indefinido.

Aseveraron que hay que establecer un órgano regulador de la radiodifusión y las telecomunicaciones cuya autonomía se garantice constitucionalmente; incluir los derechos de réplica y de información, asentar un capítulo que regule los medios públicos, reconozca a los comunitarios y abra opciones a la producción independiente.