Mexicali, BC, 22 de marzo. Diputados estatales de oposición al Partido Acción Nacional (PAN) exigieron que se investigue a fondo el incidente ocurrido el 21 de febrero, cuando policías municipales arrestaron al entonces presidente del Congreso local, Víctor González Ortega –quien el sábado anterior fue destituido de la presidencia y pidió licencia a su cargo–, por conducir un vehículo oficial en estado de ebriedad y en posesión de un arma de fuego y cocaína.

Los legisladores consideraron que se ocultaron pruebas de delitos relacionados con estos hechos, divulgados en el sitio de Internet www.youtube.com.

Los legisladores también solicitaron que la sindicatura municipal deslinde responsabilidades de servidores públicos y que se revele el destino de la cocaína y el arma encontradas en el vehículo del Congreso del estado. Asimismo, señalaron que deben aclararse la inacción de la dirección de seguridad pública municipal y la decisión de un jefe policiaco de apellido Samaniego, quien ordenó la liberación del diputado panista.

Como se observa en el video divulgado desde el 19 de marzo en la dirección www.youtube.com/watch?v=EQ4tcQvOfFg, agentes municipales detuvieron la madrugada del 21 de febrero a González Ortega, quien conducía una camioneta en estado de ebriedad. El panista reconoce que en el vehículo había un arma y estupefacientes.

Fuentes cercanas al PAN informaron que este partido pidió a González Ortega solicitar licencia, por la presión de los medios de comunicación y de la oposición. El acusado pidió licencia de 15 días para dar a conocer la verdad de los hechos y rehusó hacer más comentarios, con el argumento de que deseaba preservar la dignidad de mi persona, de mi familia y del PAN.

El diputado priísta Carlos Barboza Castillo señaló que el asunto no concluye con la licencia de un legislador, porque hay cosas de fondo que tienen que ver con una cadena de impunidades en este incidente. Por ello, la fracción del PRI pidió juicio político al presidente municipal de Mexicali, Rodolfo Valdez, y al síndico procurador David de la Rosa, a quienes acusó de desaparecer el expediente.

El también priísta Enrique Acosta Fregoso dijo que los mandos policiacos que ordenaron la liberación de González Ortega y la desaparición de pruebas deben ser consignados por delitos contra la administración de la justicia, omisión, responsabilidad pública y coparticipación en delitos federales con el diputado con licencia.

En tanto, la sindicatura municipal dio a conocer en un comunicado que inició la investigación del caso a fin de conocer formalmente los hechos denunciados y se comprometió a realizar las indagatorias “con estricto apego a derecho y la mayor expeditez (sic) para culminarla dada su relevancia”.

El síndico De la Rosa dijo que el oficial Hugo Alberto López Ávalos, quien realizó la captura, fue suspendido preventivamente, al igual que otros 13 agentes, pues se presume que incurrieron en abuso de autoridad, lesiones, detención injustificada y falta de probidad y honradez.