La Paz, BCS, 22 de marzo. La investigación sobre la balacera ocurrida el 4 de marzo fuera de un bar en el malecón de esta ciudad, la cual dejó una persona muerta y tres heridas y por la que fue destituido el procurador Fernando González Rubio Cerecer, se ha enrarecido con encubrimiento, omisiones de autoridades ministeriales y desaparición de pruebas. En el expediente incluso se maneja que un hijo del gobernador Narciso Agúndez Montaño podría estar implicado.

Familiares de Jonathan Hernández Ascencio, muerto en el incidente, así como de su hermano Daniel y su primo Héctor Hernández, quienes resultaron heridos, sostuvieron que las autoridades limpiaron la escena del crimen para proteger a “un grupo de juniors”.

Entre los involucrados están Emilio González Rubio Ojeda y Carlos Alejandro Castro Castro, sobrinos del ahora ex procurador estatal Fernando González Rubio, y del diputado federal Víctor Manuel Castro Cosío, respectivamente, así como Arturo Flores Medina, hijo del legislador local Arturo Flores.

Según los testimonios de Jesús Enrique Duarte y Hugo Espinoza –parroquianos del bar Micheladas que ayudaron a los jóvenes baleados–, incluidos en la causa penal número 069/2010, que se instruye en el juzgado segundo de primera instancia del ramo penal con sede en esta ciudad, Héctor Hernández dijo hasta en cuatro ocasiones: Me disparó el hijo del gobernador, mientras lo llevaban en un auto particular al hospital general Juan María de Salvatierra, tras recibir dos disparos en la cabeza.

La declaración leída por personal del juzgado, la cual circula por Internet, no especifica el nombre del hijo del gobernador que estaría involucrado.

Daniel Hernández, padre de la víctima, sostuvo que Arturo Flores, hijo del diputado local homónimo, también está coludido, pero no ha sido detenido.

Los videos del bar y el arma homicida desaparecieron.

Daniel Hernández afirmó que autoridades ministeriales, por órdenes del procurador, escoltaron a Gary Gaines Hidalgo, de 18 años, al aeropuerto de La Paz para que escapara a Estados Unidos, tras haber disparado a las víctimas con una pistola calibre 9 milímetros.

Esta afirmación y las protestas de cientos de personas encabezadas por familiares y amigos de las víctimas provocaron la destitución de Fernando González Rubio el 8 de marzo.

El gobernador Narciso Agúndez Montaño se reunió con familiares del finado Jonathan Hernández para informarles que se crearía una fiscalía especial.

No obstante, el nombramiento de Karim Francisco Martínez Lizárraga como procurador interino y de Francisco Alvarez Marrón como fiscal especial generó desconfianza, el primero por su falta de experiencia y el segundo por haber sido director de seguridad pública municipal cuando el diputado federal Víctor Manuel Castro (cuyo sobrino está implicado) fue alcalde de La Paz.

Emilio González Rubio, Carlos Alejandro Castro y Alonso Jaaziel Soto fueron declarados formalmente presos como presuntos responsables del tiroteo.

También se giró orden de aprehensión contra Gary Gaines, por el homicidio de Jonathan Hernández.