Guadalajara, Jal., 22 de marzo. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que no aceptará la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad (CEDHJ) para suspender la construcción de la presa El Zapotillo, en el municipio alteño de Cañadas de Obregón. Tampoco se hará caso de las marchas efectuadas en Guanajuato y Jalisco ni el mitin encabezado el sábado anterior por Andrés Manuel López Obrador en la comunidad Temacapulín, comunidad que sería inundada.

No vamos a aceptar esta recomendación. No tenemos ningún motivo para parar. Habría que ver qué se está pidiendo, porque ya hemos platicado mucho con la gente de las tres poblaciones (Temacapulín, Acasico y Palmarejo), dijo Raúl Antonio Iglesias Benítez, director del organismo de la cuenca Lerma Santiago-Pacífico, de la Conagua.

Afirmó que la dependencia no ha sido notificada oficialmente de recomendación alguna.

Señaló que ya se adquirieron mil hectáreas de zonas federales y predios particulares, de las 4 mil necesarias para construir El Zapotillo, que abastecería a Guadalajara, Jalisco, y León, Guanajuato.

El 31 de diciembre pasado, la CEDHJ emitió una recomendación –cuyo contenido se divulgó apenas la semana anterior– para pedir al gobernador Emilio González Márquez suspender las obras, buscar un proyecto alternativo y dejar de hostigar a los vecinos de las tres comunidades para que vendan sus fincas. La CEDHJ pidió además una consulta entre los posibles afectados.

La recomendación documenta que se ha amenazado con expropaar a pobladores que se niegan a vender sus inmuebles y se ha reducido la dotación de servicios municipales: las fincas dejaron de recibir mantenimiento, el empedrado y el panteón están deteriorados, la reposición de luminarias es deficiente, hay escasez de medicamentos en el centro de salud y las oficinas de la delegación municipal en Temacapulín carecen de insumos indispensables.

En agosto de 2007 la CEDHJ inició una investigación de oficio, y para noviembre de 2009 había recibido más de 300 quejas.

La recomendación concluye que se han violado los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, propiedad, vivienda digna, trabajo, preservación del ambiente, patrimonio comunitario y al desarrollo.