En 2006 los departamentos de inteligencia financiera de Estados Unidos y de 15 países de Europa occidental, entre ellos Alemania, Bélgica, Francia e Inglaterra, recabaron una serie de informes sobre varias empresas a escala mundial que mantienen presuntos vínculos con grupos criminales.

Esa información –a la cual tuvo acceso ayer La Jornada– refiere, respecto al caso de México, que 3 mil 507 compañías estarían relacionadas con el cártel de Sinaloa, mientras 25 firmas tendrían vínculos con el cártel de Tijuana.

Desde el inicio de su administración le fue entregada una copia de este informe al presidente Felipe Calderón, pero a decir de Edgardo Buscaglia, experto en temas de seguridad nacional y delincuencia organizada, “el gobierno mexicano ha sido omiso en abordar algún tipo de investigación o de intervención –aunque sólo fuera mediante auditorías del Servicio de Administración Tributaria”.

Entre las compañías cuestionadas destacan gasolineras, distribuidoras de carnes, inmobiliarias, farmacias, arrendadoras de autos y una casa de cambio.

Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), aseguró ayer en entrevista con este diario que a esas empresas (señaladas como sospechosas por las agencias de inteligencia de Europa y de Estados Unidos, entre ellas la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadunidense) no se les ha querido tocar en México, fundamentalmente porque muchas de ellas pueden estar financiando campañas electorales.

Buscaglia aseguró que si el gobierno de México aplicara una verdadera estrategia anticrimen, se podrían tener resultados positivos entre seis y 12 meses.

El académico indicó que por ahora mantiene vigente un convenio de confidencialidad con varios estados europeos, el cual le impide revelar la lista de más de 3 mil compañías ligadas al cártel de Sinaloa o con otros grupos criminales como Los Zetas, La Familia de Michoacán, entre otros.