“Los mismos testigos colaboradores que declararon en mi contra hicieron señalamientos contra otros ex funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), como recuerdo que fue el caso del licenciado (José Luis Santiago) Vasconcelos (…)  Hay parcialidad en el manejo de las constancias ministeriales con la intención de afectarme”, sostuvo el ex subprocurador en Delincuencia Organizada Noé Ramírez Mandujano, preso por tener presuntos vínculos con grupos de narcotraficantes.

Según consta en el expediente penal 176/2010, al que tuvo acceso La Jornada, en una de las declaraciones de Ramírez Mandujano ante las autoridades judiciales que lo procesan por delincuencia organizada en el estado de Nayarit, señaló que la PGR fabricó pruebas en su contra para poder acusarlo como supuesto protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

En su declaración de febrero de 2009, ante el juzgado prime-ro de distrito de procesos penales federales, el ex fiscal antidrogas reveló que la denominada Operación Limpieza comenzó después que un agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) alertó al gobierno del presidente Felipe Calderón sobre la presunta complicidad de narcotraficantes con funcionarios de la PGR.

Días antes de que se arrestó a Ramírez Mandujano (20 noviembre de 2008) por acusaciones de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, José Luis Santiago Vasconcelos (quien entonces colaboraba para el gobierno calderonista como secretario técnico para la aplicación de las reformas de justicia penal) falleció en un accidente aéreo en la ciudad de México.

La muerte de Vasconcelos, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) –Ramírez Mandujano era su subordinado en esa fiscalía– impedirá confirmar si efectivamente la PGR abrió alguna averiguación previa en su contra por supuestos vínculos con el crimen organizado, ya que la legislación mexicana permite la destrucción de documentos ministeriales por la muerte del indiciado.

En esa declaración, Ramírez Mandujano sostuvo que los funcionarios que trabajaban en la SIEDO no confiaban en la Secretaría de Seguridad Pública federal ni en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero tampoco confían en sus compañeros de la PGR.

No existe confianza ni del Ministerio Público hacia las policías, ni de éstas al Ministerio Público. Lo mismo ocurre con el Ejército, destacó el ex funcionario de la PGR.

Luego, el ex zar antidrogas de la PGR sostuvo en la SIEDO que “hubo aleccionamiento de testigos protegidos, alteración de documentos y bitácoras; hubo ocultamiento de imputaciones, de diligencias y de la identidad del principal testigo protegido en mi contra, el cual aún no conozco (la Constitución obliga a que cualquier inculpado tiene derecho a conocer a quien haya hecho imputaciones en su contra).

Estos mismos testigos colaboradores que declararon en mi contra hicieron señalamientos contra otros ex funcionarios (de la PGR), como recuerdo que fue el caso del licenciado Vasconcelos. Aunque, insisto, son testimonios inverosímiles, absurdos y carentes de toda lógica jurídica, puntualizó el ex funcionario ante las autoridades que hoy lo juzgan.

Ramírez Mandujano aseguró que los testigos que declararon en su contra no se condujeron con verdad ante el Ministerio Público Federal.

Por ejemplo, el ex suprocurador citó el caso de un jacuzzi que, según el testigo protegido Jennifer, está en la casa de arraigos de la colonia Doctores y es usado para torturas. “Ese jacuzzi no existe”, aseguró Ramírez Mandujano.

Agregó: “Tanto el testigo Jennifer como el testigo María Fernanda, como el testigo Emiliano, hablan de cantidades exorbitantes de dinero supuestamente recibido por mí o, como lo dice aún de manera abstracta el testigo Emiliano: ‘por la SIEDO’; la siguiente pregunta es: ¿dónde está el dinero?

Es un dicho popular que el dinero no se puede ocultar y en mi caso no existe ningún bien en el que se puedan materializar las cantidades que se afirma recibí, destacó Ramírez Mandujano.