La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió sobre el amparo solicitado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y por el despido injustificado de más de 40 mil trabajadores sindicalizados.

La segunda sala del máximo tribunal determinó ayer por unanimidad reasumir su competencia original para conocer este asunto, en razón de que el tema, además de su trascendencia, impugna abiertamente la constitucionalidad de dicho decreto presidencial.

Fuentes judiciales señalaron que con esta decisión, la SCJN será la que resuelva de manera definitiva sobre el amparo requerido por el SME, y no hay posibilidades de que se envíe el asunto a un tribunal colegiado para que analice la legalidad del problema.

Los ministros Sergio Aguirre Anguiano, Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos y Fernando Franco apoyaron el proyecto de dictamen elaborado por Sergio Valls Hernández, quien estableció que la determinación de conocer el amparo se debe a que, además de la importancia de revisar la legalidad del decreto de extinción de LFC, luego de cinco meses de su emisión aún subsiste el problema de constitucionalidad planteado por los quejosos.

Esto implica –se subraya en el dictamen– que el asunto no es de competencia originaria de los tribunales colegiados de circuito, sino del alto tribunal.

Valls abundó que el caso reviste características especiales, dada la importancia excepcional del problema de fondo planteado, porque involucra el análisis del artículo 16 de la Carta Magna; el estudio de la constitucionalidad del decreto que extinguió a LFC, y porque la resolución que adopte la Corte repercutirá de manera excepcional en la solución de casos futuros.

La relevancia del caso –añade la resolución– justifica que la SCJN conozca el asunto en todos sus aspectos para resolver de forma integral la demanda.

Los electricistas señalan la inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestales, el cual consigna que “cuando un organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo la disolución, liquidación o extinción de aquél.

Asimismo, podrá sugerir su fusión cuando su actividad combinada redunde en aumento de eficiencia y productividad.

También cuestionan si fue jurídicamente correcto que la juez de primera instancia –quien negó el amparo– considerara que el decreto de extinción de LFC no fue un acto privativo de derechos laborales de más de 40 mil trabajadores, porque no tenía tal finalidad, sino extinguir a la empresa por considerar que era improductiva, ineficiente y cara.

Puede revertir violaciones: Esparza

La SCJN puede devolver el estado de derecho al país y dar marcha atrás a la serie de violaciones legales y laborales que ha cometido el gobierno federal al pretender desaparecer a LFC, señalaron ayer dirigentes del sindicato.

Martín Esparza Flores, líder del SME, planteó que precisamente es la Corte la que puede resolver de fondo el conflicto, haciendo que se respete el marco jurídico y constitucional que rige al país. Confió en que esta instancia velará por los intereses de los electricistas en su justa demanda de recuperar su fuente de trabajo.

Ante la máxima instancia jurídica, el gobierno federal deberá probar que actuó en la legalidad, lo que no podrá hacer, aseguró el dirigente.