Con la propuesta de reforma política del Distrito Federal que impulsa el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores, y que pretende convertir a la ciudad de México en una gran alcaldía, se busca colocar a la capital del país en una situación de minusvalía jurídica, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Édgar Elías Azar.

En entrevista luego de acudir al cuarto informe de labores de Óscar Guerra Ford, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el magistrado dijo que dicha iniciativa “no es otra cosa que escamotearle derechos a la ciudad, siendo verdaderamente avaros en una convivencia –con los poderes federales– en la que el gobierno de la ciudad ha mostrado mucha civilidad”.

Elías Azar dijo que se debe reconocer a la ciudad de México como entidad federativa, ya que es la capital de la República y el centro político y económico del país. ¿Una alcaldía de este tamaño?, ¡por favor! El Distrito Federal aporta la mayor parte de las participaciones a las otras entidades; tenemos el tribunal más grande no sólo del país, sino del mundo entero, y tenemos ahora que convertirlo en alcaldía. Yo espero que esa cosa no prospere, pues, agregó, se trata de un pleito semántico que no tiene futuro y ninguna lógica jurídica.

Mientras, la bancada del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma política, la cual considera convertir al Distrito Federal en el estado del valle de México y las delegaciones en municipios, así como permitir la relección de diputados locales y los que serían presidentes municipales, hasta por un periodo inmediato, es decir, tres años más.

En el documento plantea también crear una constitución local y pasar de órganos locales de gobierno a poderes locales con un gobernador, un congreso y un tribunal superior de justicia.

En el caso del órgano legislativo, se pretende ampliar sus facultades y poder designar al procurador general de justicia, al secretario de seguridad pública, y al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que en la actualidad es atribución del jefe de Gobierno, con la salvedad de que en los primeros dos casos se debe contar con la ratificación del Presidente de la República.

También propone que la ALDF tenga autoridad para remover al titular del Ejecutivo local, que actualmente ejerce el Senado, así como conocer y resolver sobre las renuncias de los diputados, tarea que hoy corresponde al Congreso en su conjunto.

Sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, aseguró que la Cámara de Diputados reconoce a la ALDF como el espacio habilitado para hacer la presentación de un documento único para la reforma política, y ésa será la vía en la que se caminará, por lo que el objetivo es presentar la propuesta la primera quincena de abril, según lo acordado con el presidente de la Comisión de la Reforma Política, Fernando Rodríguez Doval.