l Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ayer en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma legal que, entre otros puntos, plantea convertir las 16 delegaciones de la capital del país en municipios. La propuesta priísta en San Lázaro sucede a la presentada la víspera por la senadora del tricolor María de los Ángeles Moreno –y criticada por los representantes de su propio partido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal–, en la que se proyecta convertir al Distrito Federal en una gran alcaldía; transitar de la figura de jefe de Gobierno a la de un alcalde –quien carecería de facultad para nombrar a los titulares de la policía y la Procuraduría General de Justicia capitalinas–, y llevar a cabo una reconfiguración territorial para dividir la capital del país en 20 zonas geográficas o departamentos.

La conversión de las delegaciones en municipios –a la manera en que se encuentran organizadas muchas de las grandes concentraciones urbanas en el país y en el mundo– podría ser una medida adecuada, ya que se ofrecería a las divisiones territoriales capitalinas un nivel de gestión pública más autónomo y eficiente.

No puede pasarse por alto, sin embargo, que las dimensiones, las características y las problemáticas propias de la ciudad capital hacen inevitable que surjan tareas y responsabilidades que difícilmente podrían hacerse encajar en el terreno de competencia de autoridades municipales: antes bien, tales condiciones demandan la existencia de instancias de vinculación y coordinación en la prestación de servicios públicos estratégicos –como el agua, la energía eléctrica y las vialidades primarias–, así como de una centralidad administrativa en el transporte y la seguridad pública.

En todo caso, más que modificaciones al régimen jurídico de las delegaciones, lo que requiere actualmente el Distrito Federal es su plena consolidación como un estado más de la República, y ello implica poner fin a la condición discriminatoria e injusta que representa el estatuto constitucional por el que se rige actualmente. Hoy por hoy, las limitaciones impuestas por dicho estatuto en términos de potestades y tutelas legislativas mantiene a la población capitalina en calidad de rehén ante las confrontaciones políticas entre las autoridades citadinas y las federales: las ofensivas de estas últimas han redundado, en más de una ocasión, en afectaciones a las condiciones de seguridad, al bienestar, a la salud y a la vida cotidiana de los habitantes del Distrito Federal, y en abiertas vulneraciones a las decisiones soberanas y a las libertades civiles, como ocurre con el recurso de inconstitucionalidad presentado por la PGR en contra de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de esas parejas.

Es tiempo, en suma, de que las instancias legislativas de la Federación reconozcan la pertinencia y la necesidad de dotar al Distrito Federal de plena soberanía política, fiscal y en materia de procuración de justicia y seguridad, como una condición necesaria para la recuperación plena de los derechos civiles y políticos de los habitantes de la capital.