orpresa! La historia se repite en un segmento estratégico para el sector de las comunicaciones en México (de hecho en cualquier parte del mundo), que no es otro que el satelital. Una vez más, la empresa Satmex está al borde de la quiebra y sin visos de solución, lo que pone al gobierno mexicano en delicada situación por ser, al mismo tiempo, autoridad reguladora, acreedor ofendido y, por si fuera poco, accionista del mismo consorcio que está a punto de escuchar Las Golondrinas, si tarda el rescate con recursos públicos.

La de Satélites Mexicanos, Satmex, es prácticamente la misma historia (sufrida y pagada por los contribuyentes) de muchas otras empresas del Estado mexicano que –a lo largo de las últimas tres décadas– formaron parte de la venta de garaje en la que se convirtió la política privatizadora gubernamental, historia que ha representado el desvío de miles y miles de millones de pesos para rescatar los consorcios entregados al capital privado, no obstante que la intención, así fuera en el discurso, de tal política no era otra que allegarse recursos para atender las urgencias sociales del país, las cuales, dicho sea de paso, lejos de atenderse se han incrementado de forma espeluznante.

Pues bien, días atrás el impune Juan Molinar Horcasitas, ahora a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reconoció que la realidad económica de Satmex es complicada, con una deuda cercana a 410 millones de dólares, urgencia de recursos financieros adicionales por más de 700 millones para lanzar dos nuevos satélites y mantener su operación y viabilidad. Mil 100 millones de billetes verdes, en números redondos, para que el citado consorcio salga del hoyo y el país mantenga sus comunicaciones satelitales medianamente en funcionamiento. Eso sí, el ex director del IMSS aseguró: no creo que el Estado debe asumir el rescate financiero de la compañía, y en todo caso considerar otro tipo de opciones, como la requisa.

Palabras más, palabras menos, el gobierno mexicano ha dicho lo anterior un millón de veces, pero en los hechos ha entrado al rescate de Satmex (como en tantas otras ex paraestatales) en varias ocasiones, siempre con la advertencia de que el salvamento en turno será el último, algo por demás imposible cuando se conocen no sólo las mañas de los tecnócratas, sino los problemas estructurales del consorcio resultantes de su privatización en el sexenio zedillista, toda vez que, en el mejor estilo de Carlos Salinas de Gortari, los por demás estratégicos satélites mexicanos fueron vendidos a un grupo de empresarios farmacéuticos (familia Autrey) que nada, absolutamente nada, sabían de este negocio, como tampoco sabían de banca y acero, y a pesar de ello se quedaron con el hoy extranjerizado Multibanco Comermex y Altos Hornos de México, entre otras gangas.

Molinar Horcasitas dice que la autoridad en el sector no rescatará a Satmex, pero no resuelve el complicado hecho de que uno de los acreedores de este consorcio es el propio gobierno mexicano, el cual al mismo tiempo es el dueño de 25 por ciento de las acciones de Satélites Mexicanos, empresa fundada en 1997 (hasta entonces bajo control gubernamental y con números negros) como resultado de la privatización zedillista y la experiencia farmacéutica de sus nuevos propietarios. Es la vieja historia de que con una mano el gobierno mexicana quita a una empresa privada para recuperar dineros públicos, y con la otra da (obviamente del erario) los recursos necesarios para su rescate y así evitar la quiebra, es decir, lo mismo que sucedió en el sexenio de Vicente Fox, cuando en 2005 el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola (el de los patos y el nuevo aeropuerto que nunca se construyó), dijo más o menos lo mismo que Molinar, mientras rápidamente rescataba a los dueños la otrora paraestatal.

Como suele acontecer en prácticamente todos los casos relacionados con la venta de garaje de empresas paraestatales, a los contribuyentes el caldo siempre les sale infinitamente más caro que las albóndigas (el inventario es grueso: bancos, aseguradoras, ingenios azucareros, líneas aéreas, carreteras, etcétera, etcétera), mientras el dinero público no deja de fluir para atender estas urgencias privadas. Como en el caso del narcotráfico, aquí sólo hay que seguir el dinero (follow the money) para saber quiénes han sido los beneficiados por las políticas públicas de privatización, rescate, saneamiento y extranjerización de la otrora planta productiva del Estado.

Para dar una idea del berenjenal en el que está metido el gobierno mexicano, retomo pasajes del México SA publicado el 19 de febrero de 2005, cuando –¡sorpresa!, otra vez– Satmex se encontraba al borde de la quiebra. Y decía así: producto del irracional, costosísimo y perenne circuito privatización-estatización, el gobierno federal tiene ante sí una delicada cuan paradójica ecuación que, gústele o no, tendrá que resolver a la brevedad, porque si comete el más mínimo error en su doble carácter de acreedor y empresario insolvente, el erario corre el riesgo de perder alrededor de 190 millones de dólares y la viabilidad financiera de un consorcio estratégico el de terminar en el bote de la basura, del que los zopilotes trasnacionales suelen obtener los mejores negocios.

El circuito privatización-estatización ha incluido a prácticamente todos los sectores de la actividad económica del país y los satélites no fueron la excepción. Entonces, como ahora, Satmex estaba al borde la quiebra, con pasivos cercanos a 800 millones de dólares. Indoblegable, la SCT pintó su raya: no habrá rescate. Y lo rescató, como Molinar entenderá.

Las rebanadas del pastel

Para la memoria: en 1997, al concretarse la privatización, Carlos Ruiz Sacristán, a la sazón titular de la SCT, aseguraba que con los cambios practicados –los constitucionales incluidos– se iniciaba una nueva era de inversión, competitividad a nivel internacional, rentabilidad económica y social, calidad y eficiencia operativa para que el sector se consolidara como factor primordial del desarrollo nacional. Sucedió todo lo contrario: se creó la empresa privada Satmex, a la que se concesionaron tres posiciones orbitales, se le asignó la propiedad de los satélites Solidaridad I y II, así como el Morelos II. En 1999 falló el Solidaridad I y dejó de operar; en 2005, al borde de la quiebra, esperó el rescate público, y en 2010 también.

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