Las bancadas de PRI y PRD, así como varios senadores del PAN, rechazaron las modificaciones que pretendía llevar a cabo el gobierno federal al dictamen de la reforma constitucional sobre derechos humanos, por lo que el documento quedó listo ayer, para pasar al pleno a primera lectura al regreso de Semana Santa.

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras discutieron varias horas con el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Zapata Perogordo, quien llevó las observaciones y objeciones a esa reforma de la consejería jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación.

A la discusión se integró el senador del PAN Santiago Creel Miranda, quien debatió con Zapata Perogordo y en todo momento esgrimió que esa reforma, que puede considerarse la más importante en la historia del país en materia de derechos humanos, incorpora la tesis y los principios defendidos por Acción Nacional.

Los argumentos expresados por Zapata Perogordo dejaron entrever la molestia del gobierno de Felipe Calderón en torno a varias de las modificaciones acordadas en esa reforma a la Carta Magna. Entre ellas las formuladas al artículo primero, donde se establece que los mexicanos gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en la materia.

Ello da pie a que los ciudadanos y las organizaciones podrán llevar a cortes y tribunales internacionales procesos basados en violaciones a sus garantías fundamentales.

Al final, sólo se hicieron algunos ajustes al dictamen, a petición de Zapata Perogordo. Del artículo 33 se eliminó el término asilado político, toda vez que se dará asilo no sólo por motivos políticos.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, explicó que no hubo cambios en el artículo 29, donde se establecen con claridad los derechos humanos que no podrán suspenderse, aun en el caso de estados de excepción.

Al listado de garantías intocables se sumó la prohibición de la desaparición forzada de personas y la pena de muerte, que no podrán aplicarse ni en caso de guerra, invasiones, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga en grave riesgo a la sociedad.

El legislador precisó que se trata, de hecho, de la primera parte de la reforma política, toda vez que se incluye la nueva disposición sobre suspensión de garantías y las facultades adicionales a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre ellas la investigación de violaciones graves en esa materia.

El documento quedó listo por la tarde, y ya no era posible pasarlo a primera lectura, ya que la sesión concluyó a las dos y media de la tarde, debido a un simulacro de sismo.