Bogotá. La llegada al Congreso de nuevos candidatos ligados con grupos paramilitares de extrema derecha demuestra la falta de sanciones políticas para castigar los nexos oscuros entre partidos y grupos armados ilegales, afirmó el politólogo colombiano León Valencia, director de la ONG Nuevo Arcoiris. Valencia consideró que este hecho demuestra la alta votación y la vigencia del fenómeno conocido como la parapolítica, que caracterizó a la legislatura pasada. Para impedir esa situación, puntualizó en entrevista con el diario El Tiempo de Bogotá, hubiera sido necesario imponer sanciones políticas que inhabilitaran a candidatos sospechosos, además de castigos penales. La parapolítica estará representada por ocho senadores de los partidos Integración Nacional (PIN), ocho del Social de Unidad Nacional, cinco del Conservador y uno de Cambio Radical –todos ligadas al presidente Álvaro Uribe–, así como uno del opositor Liberal. En la Cámara de Representantes son alrededor de 25 por ciento de un total de 166 miembros. El analista subrayó el caso del PIN, partido que se formó hace unas semanas para presentar como candidatos a familiares y amigos de líderes investigados o condenados por la parapolítica, y que sin embargo se ha convertido en la cuarta fuerza con mayor votación para el Senado. El escándalo de la parapolítica tuvo uno de sus puntos más altos a finales de 2006, cuando la Fiscalía General encontró una computadora del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, presuntamente desmovilizado, con información sobre sus nexos con dirigentes políticos. En la investigación, señaló el politólogo, resultaron comprometidos en diversos grados por lo menos 107 parlamentarios y 500 políticos regionales.