e llaman Alberta y Teresa. Son mujeres, son pobres, son indígenas. Ése es su delito. Por eso están en la cárcel, condenadas a 21 años de prisión, 91 mil pesos de multa y la obligación de pagar 70 mil pesos para reparar el daño que supuestamente cometieron.

Alberta Alcántara y Teresa González son indígenas ñañues (otomí) de la comunidad de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro. Desde hace más de tres años están en prisión. El 5 de agosto de 2006 fueron encarceladas, en el Cereso de San José el Alto sin haber tenido contacto con abogados o familiares. Están acusadas de secuestrar a seis agentes federales de investigación (afis). Amnistía Internacional las declaró presas de conciencia.

Jacinta Francisco, también indígena, fue detenida por las mismas causas. Defendida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), obtuvo la libertad en septiembre de 2009, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) dictó conclusiones no acusatorias en el segundo proceso. A pesar de que los tres casos son parecidos, ni Alberta ni Teresa han recuperado su libertad.

La historia del caso comienza el 26 de marzo de 2006. Ese día, un grupo de afis llegó al tianguis de Santiago Mexquititlan, municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro, sin uniformes y sin identificarse. Argumentaron realizar un operativo contra la piratería y posible venta de narcóticos. Investigaban a una mujer alta, pecosa y de cabello corto a la que apodaban La Güera, quien fue denunciada en forma anónima por posesión de cocaína. Prepotentes, destrozaron mercancía.

Los vendedores, indignados, no se dejaron: los rodearon, exigieron que se identificaran, que mostraran la orden que justificaba su proceder y que pagaran los daños. Los afis tuvieron que aceptar. En prenda, dejaron a uno de sus compañeros. El jefe a cargo, Cruz Bedolla, se comprometió a pagar los daños ocasionados, que ascendían a 70 mil pesos.

Como represalia por la desobediencia social, el 3 de agosto de ese año, Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas. La PGR las acusó de incitar a los tianguistas a secuestrar a los afis, privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, delitos contra servidores públicos y contra la salud. Estaba en el aire lo sucedido ese mismo año en Atenco y en Oaxaca con la APPO: una crisis profunda en el modelo de mando-obediencia.

Ese día Alberta fue al mercado a hacer compras y a visitar a su hermano Gabriel y a su cuñada Teresa en su puesto de discos. “Llegué –contó a Cimac– y me encontré con que estaban en problemas con unos hombres armados que se querían llevar sus mercan-cías, dijeron que eran afis y les pedimos que se identificaran.”

El proceso legal que se les ha seguido a Alberta y Teresa es completamente irregular. Nunca se les proporcionó defensa ni traductor. Tan es así que la recomendación 47/2009 que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida el 17 de julio de 2009, documenta irregularidades graves que pueden trascender el resultado del fallo definitivo del proceso penal 48/2006.

La PGR no aceptó la recomendación de la CNDH argumentando que los hechos narrados por el quejoso son falsos. No hay en ello novedad alguna. De las 97 recomendaciones emitidas en 2009 por este organismo de derechos humanos, 22 no fueron admitidas por las autoridades, y, de las restantes 75, sólo han sido atendidas 10.

El caso es paradigmático de las graves deficiencias del sistema de justicia, que profundizan la discriminación, así como del uso faccioso del sistema de justicia y de la criminalización de la oposición a los abusos de la autoridad. También de la falta de dientes de la CNDH para que sus recomendaciones sean cumplidas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que intervendrá. Su pronunciamiento definirá la situación de Alberta y Teresa. La Corte debería actuar conforme a la razón, la justicia y los derechos humanos. No se trata de que sea benevolente ni magnánima, pues ellas no cometieron ningún delito: son víctimas de las fallas del sistema de justicia. Sobre ello debería pronunciarse la SCJN y poner un alto.

Algunos actores políticos priístas, que tradicionalmente han ignorado la defensa de los derechos humanos, se han acercado a Alberta y Teresa. Es el caso del senador Manlio Fabio Beltrones y del gobernador de Querétaro, José Calzada. Buscan obtener provecho político de un asunto noble que su partido ha ignorado usualmente. Ninguno ha dicho una sola palabra de cómo este asunto es una forma de criminalización de la protesta social. Calzada fue senador, tuvo conocimiento del caso y jamás se pronunció en favor de Jacinta ni mucho menos de Teresa y Alberta.

Se ha anunciado la formación de una comisión legislativa que indagará sobre las violaciones a los derechos humanos de Alberta y Teresa. Es una buena señal, toda vez que se trata de un esfuerzo que se suma a la campaña emprendida desde mucho tiempo atrás por la sociedad civil para lograr su pronta excarcelación. Sin embargo, su conformación no tendrá efectos sobre la situación de las indígenas. Se trata de una iniciativa de índole política que puede ayudar a esclarecer situaciones irregulares en materia de justicia, pero que no tiene facultades para fincar responsabilidades, ni mucho menos para liberarlas.

El gobernador Calzada afirmó que éste era un caso sui generis. No es así. En México hay muchas Jacintas, Teresas y Albertas. Como ha mostrado la defensa del Prodh que ha asumido el caso, se trata de una cuestión de justicia elemental para dos mujeres, indígenas y pobres, que han sobrepuesto un proceso penal siendo inocentes en la cárcel, simplemente por oponerse a la arbitrariedad del Estado.

Su liberación es una responsabilidad del Estado, no cuestión de filantropía. Los actores políticos deben pronunciarse y hacer lo que les corresponde de acuerdo con sus facultades, pero no exclusivamente respecto de este caso, sino sobre el conjunto del sistema de justicia. Un sistema podrido desde sus raíces.