El estrés derivado del incremento de amenazas contra jueces y magistrados que llevan procesos relacionados con casos de delincuencia organizada ha provocado un aumento de 29 por ciento (entre 2006 y 2009) en las peticiones que éstos han presentado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que los reasignen a tribunales que atienden casos ajenos a la materia penal o a estados de la República con escasa presencia de asuntos ligados al narcotráfico.

En la actualidad, 72 jueces y magistrados trabajan en procesos relacionados con el crimen organizado. Los órganos jurisdiccionales de este tipo se ubican en entidades donde hay penales federales y de máxima seguridad, como en los estados de México, Jalisco, Tamaulipas y Nayarit, así como en el Distrito Federal.

De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial de la Federación (PJF). a las que tuvo acceso La Jornada, durante 2006 –en el primer año de la administración del presidente Felipe Calderón– de los 72 juzgadores del ramo de procesos penales federales, en primera y segunda instancias, sólo siete solicitaron cambios de adscripción a otros juzgados.

La cifra se disparó en 2009. El CJF recibió el año pasado 28 solicitudes de los 72 jueces y magistrados dedicados a resolver casos de delincuencia organizada (incluidos jueces de medidas cautelares, procesos penales, magistrados unitarios y colegiados), lo que representó un incremento de 29 por ciento respecto de 2006, según consta en los informes de labores del PJF de 2006 y 2009.

Aunque las estadísticas no especifican los motivos por los que jueces y magistrados pidieron su readscripción, fuentes del PJF indicaron que en la mayoría de los casos obedeció a problemas de estrés, ansiedad u otros problemas sicológicos, porque han recibido amenazas telefónicas o presiones de abogados de algún sujeto procesado por delincuencia organizada.

Entre 2006 y 2009, en medio de la guerra declarada por el gobierno federal a la criminalidad, han ocurrido más de 15 mil homicidios vinculados con actividades de la delincuencia organizada.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se tiene registro que desde 2006 el crimen organizado ha amenazado a más de 20 por ciento de jueces que llevan casos de ese tipo.

Blindan instalaciones

En este contexto, el PJF ha decidido otorgarar seguridad a los jueces. El pasado 18 de marzo, el CJF convocó a una licitación pública para proteger las sedes de los juzgados de procesos penales federales en los tres reclusorios del Distrito Federal y en un edificio de avenida Revolución de la ciudad de México, donde despachan 10 tribunales colegiados de circuito en materia penal, que son la máxima instancia en estos procesos.

También se blindarán instalaciones de los juzgados de procesos penales federales con sede en Tamaulipas, Jalisco, estado de México, Chihuahua, Nayarit y otras entidades del país con alta presencia de grupos ligados al crimen organizado.