n el Foro Internacional de Energía que se desarrolla en Cancún, Quintana Roo, y ante representantes del sector energético de unos 60 países, la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, solicitó ayuda a las empresas petroleras internacionales, a fin de recuperar nuestros niveles de producción de hidrocarburos y superar las carencias de Petróleos Mexicanos (Pemex) en materia de tecnología y capacidad de operación. Por su parte, el director de esa paraestatal, Juan José Suárez Coppel, dijo que es necesario flexibilizar la estructura y la regulación de Pemex a efecto de hacerla más eficiente y rentable, y puso como modelos a compañías como Cemex, Televisa, Telmex y Grupo Modelo.

Las expresiones de ambos funcionarios son, en lo medular, la reiteración de los argumentos con que el gobierno federal pretendió avanzar, en abril de 2008, una iniciativa de reforma energética que planteaba la entrega a particulares extranjeros de los filones más redituables de la industria petrolera nacional. Entonces, como ahora, se presentó un diagnóstico desastroso del estado de la paraestatal; se insistió en la necesidad de incrementar su producción y se dijo que esto sólo sería posible con el apoyo de compañías trasnacionales.

Aunque tales afirmaciones fueron suficientemente rebatidas durante los foros que el Senado de la República organizó –a contrapelo de la premura gubernamental por hacer pasar al vapor la iniciativa referida– en los meses previos a la aprobación final de las normativas vigentes en materia petrolera, el gobierno federal se muestra empeñado en volver a la carga con argumentos semejantes y alimenta, con ello, la incoherencia declarativa que le caracteriza: si en octubre de 2008 la dirección de Pemex aseguraba que con la reforma legal en materia petrolera se ganaba flexibilidad operativa, capacidad de ejecución y nuevos márgenes presupuestales, hoy sostiene la necesidad de llevar a cabo una transformación de la empresa; si hace dos años el propio Felipe Calderón señaló que con la reforma aprobada en el Congreso se modernizaba a la economía, hoy el político michoacano atribuye la disminución en la producción petrolera a las trabas legales que impiden al sector privado participar en Pemex.

En cuanto a la supuesta necesidad de que Pemex funcione como una empresa privada, la afirmación resulta lamentable por partida doble: porque contraviene el beneplácito expresado hace unas semanas por el propio funcionario al presumir el incremento en la restitución de reservas probadas y, por otro lado, porque pasa por alto que la producción petrolera nacional reviste carácter estratégico para el desarrollo del país y que por esa razón no puede ni debe operar en la lógica de una compañía particular.

En suma, frente a las declaraciones vertidas ayer en Cancún por funcionarios calderonistas, es inevitable suponer una continuidad en el afán privatizador del gobierno federal, a pesar del aluvión de críticas que mereció su intento de desmantelar la industria petrolera nacional y entregarla a particulares. De persistir este intento, el régimen actual corre el riesgo de revivir la división social que su empeño privatizador provocó en 2008, con el agravante de que el deterioro gubernamental e institucional es más pronunciado hoy que hace dos años, y de que ello abre la perspectiva indeseable de una discordia nacional de gran calado y de una profundización irreversible en el descrédito que acusa la presente administración.