l procurador de justicia del estado de México ha dado una clase magistral de embaucamiento fallido. Proveído de datos dispersos y carente de la información básica, el joven funcionario sembró dudas, generó especulaciones, consolidó el extendido escepticismo social sobre el actuar de las instituciones y mostró evidencias que podrían actuar en contra de sus propias hipótesis e incluso generarle castigo por su irresponsabilidad indagatoria (por dar ejemplos: el cuerpo de la niña Paulette, sin la putrefacción que podría esperarse si se toman en cuenta los días que habrían pasado desde la presunta desaparición y muerte, y la increíble torpeza de los investigadores que no fueron capaces de encontrar el cadáver en el sitio elemental de todo ocultamiento doméstico o la increíble incapacidad del procurador para denunciar tajante, inequívoco, que el cuerpo había sido sembrado posteriormente, pues tal posibilidad sólo es una estimación del funcionario).

Pero, más que recelos de orden criminalístico o judicial, el tragicómico comportamiento de las autoridades de la entidad conducida por Enrique Peña Nieto apunta hacia una dirección muy sabida en el doliente registro público de las impunidades promovidas desde el poder: a alguien se protege o algo se encubre, pues sólo de esa manera es posible que se produzca un comportamiento lleno de torpezas e hilos mal tejidos como los que quiso presentar el abogado Alberto Bazbaz, de fácil deturpación heráldica confesional, en una conferencia de prensa que más pareció un autoajusticiamiento público en el que un sujeto de presunta responsabilidad oficial pronunció parrafadas lamentables con la intención de decir lo menos posible, utilizando tecnicismos fácilmente adaptables al habla popular, pero blandidos más como turbio escudo de protección que le permitiera al impreciso declarante no puntualizar, no informar, no actuar, al grado de que ni siquiera fue capaz de aceptar que la madre de la niña asesinada fuese presunta responsable de ese crimen sino, genéricamente, una indiciada, abriéndole además el camino para un procesamiento con atenuantes al hablar desde ahora de la personalidad trastornada de la mujer que podría haber sido la ejecutante del terrible delito o la encubridora del verdadero homicida, adulto o infante.

La desgracia familiar de Interlomas forma parte de la descomposición social que se vive en México y, en este caso, en una elite donde el dinero y las apariencias reinan. El cuerpo social mexicano ha sido dañado profundamente, lo mismo en los amplios segmentos populares donde los valores delincuenciales han llegado a niveles de mitificación y el respeto a leyes e instituciones es absolutamente inexistente, como en las franjas de privilegio donde es posible mover, contener o condicionar la acción judicial y los actos de poder público a contentillo de intereses privados dominantes. En el fondo, Paulette murió de descomposición social, en su fase elitista.

Otros muertos de menos renombre y atención mediática siguen en espera de justicia. El asesinato de una pequeña de clase alta en la capital ha arrojado paletadas de silencio sobre casos criminales que habían conmocionado al país antes de que surgiera la historia de Interlomas. El mismo público de elite que hoy asiste estremecido a los detalles de la desgracia de la familia Gebara Farah estaba días atrás indignado por el expediente de los jóvenes estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey que fueron destrozados a las puertas de su campus regiomontano. Y aun cuando esas masacres no convulsionan a las elites nacionales, el exterminio de 10 jóvenes en Durango parecía lanzar sobre el gobierno federal tales enojos y críticas que el esquema de la guerra calderonista parecía entrar en un episodio difícil de sostener en sus términos actuales ante la opinión pública.

La focalización del caso Paulette quita entonces dramatismo a una decisión del felipismo que en los hechos significa una confesión de que su guerra personal ha fracasado: luego de un año exacto de presencia extraordinaria en Ciudad Juárez, merced a un convenio en materia de seguridad pública firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional y el ayuntamiento de la mártir ciudad, que en 12 meses ha consumido cuando menos 203 millones de pesos y que justamente hoy termina, los soldados dejarán en la Policía Federal garcialunesca la responsabilidad de lo que suceda en aquella zona. Aun cuando se mantendrán en la plaza fuerzas castrenses que ayuden a las corporaciones federales, estatal y municipales en el gradual encargo rediseñado, serán 4 mil 500 miembros de la PF los que tengan la carga fundamental.

No es una mejor Ciudad Juárez la que dejan los contingentes verde olivo (se multiplicaron los hechos violentos sin procesamiento judicial adecuado, los derechos humanos fueron violados por sistema y en la comunidad había acusaciones de abusos y agresiones del poder castrense desatado). Pero tampoco son benévolas las expectativas que genera la corporación civil del aspirante a jefe policiaco máximo del país (con la promesa de que no buscará un cargo de elección popular), Genaro García Luna. Tampoco resulta positivo entender esa retirada sin gloria del Ejército como una concesión más del devaluado mando pinolero mexicano a las presiones y exigencias de los vecinos norteños que desean tomar control directo de la seguridad pública en la franja fronteriza a la que ayer mismo el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, ordenó el envío de miembros de la Guardia Nacional para que realicen patrullajes relacionados con la violencia del narcotráfico mexicano, medida que también han solicitado a Washington los mandatarios de Texas y Arizona sin que aún reciban autorización para esos despliegues.

Y, mientras el PT pone a consulta su adhesión a las alianzas perreánicas o al lopezobradorismo, ¡hasta mañana, en esta columna que no sabe qué puede tener de santa la presente semana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx