ás como un ejercicio académico que como una advertencia sobre la preocupante realidad que priva en la región, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, subrayó que la pobreza y la desigualdad se mantienen como el mayor factor de atraso en América Latina, y ello repercute en la calidad de la democracia. El ex canciller chileno dictó una conferencia en la sede de la Cepal, durante la cual dijo que Latinoamérica sigue siendo una región especialmente injusta, donde más de una tercera parte de la población vive en condiciones de pobreza y miseria, mientras de 3 a 5 por ciento se lleva más de 50 por ciento del ingreso nacional.

Si bien el tema es por demás relevante, Insulza no fue más allá; no presentó recuentos ni dio ejemplos de la hasta ahora poco resultona democracia para la mayoría latinoamericana, y muchos menos mencionó lo que ha provocado esta situación: cierto desánimo entre la población regional, que tres lustros atrás apoyaba el modelo con una sonrisa, aunque también con hambre. Transcurrido el tiempo y ante la contundencia de los magros resultados, la sonrisa desapareció del escenario y el hambre no sólo se quedó, sino se profundizó.

Y entre los más desanimados los mexicanos aparecen en primerísimo lugar (como siempre medido de atrás para adelante) en el contexto latinoamericano: en esos tres lustros el apoyo a la democracia se desplomó nueve puntos porcentuales, para llegar en 2009 a 42 por ciento de apoyo. Año tras año, desde (1995) que la ONG Latinobarómetro realiza la medición (y de ella provienen los datos que se anotan) se registra descenso en ese indicador, baja que va de la mano de los tristes resultados en lo político, económico y social.

En 15 años siete países han registrado retroceso en sus indicadores de apoyo a la democracia por la falta de resultados: además de México (aunque ninguno de ellos con la caída reportada aquí), Ecuador, Argentina, Nicaragua, Perú, Costa Rica y Colombia. Sin cambio aparece República Dominicana, y con los mayores avances Venezuela, El Salvador (16 puntos adicionales), Bolivia y Brasil (12 puntos en cada caso).

Cierto es que América Latina es la región más desigual del planeta, pero también lo es que el muy particular modelo democrático-electoral de la región no ha hecho más que consolidar tal desigualdad y en no pocos caso profundizarla. Contados son los casos en los que mayoritariamente la población se pronuncia, con una sonrisa, a favor de ella, por mucho que el hambre forme parte de lo cotidiano: Uruguay, 82 por ciento; Bolivia, 71 por ciento; Venezuela, 84 por ciento… y México, 42 por ciento.

En este contexto de desigualdad, qué escenario más pavoroso que el documentado por la Cepal en uno de sus análisis: uno de cada cinco niños latinoamericanos está en situación de pobreza infantil extrema. Este flagelo afecta a más de 32 millones de niños, y la pobreza infantil total en la región afecta a 81 millones de menores de 18 años. La pobreza que sufren los niños, niñas y adolescentes responde a la carencia de ingresos en sus hogares, a las dificultades de acceso a los servicios básicos y a otros factores vinculados con la sobrevivencia, la discriminación y la exclusión. Esto les impide ejercer sus derechos elementales consagrados en la Declaración de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales.

De acuerdo con el organismo, que junto al Unicef realizó el primer estudio comparado sobre Pobreza infantil, desigualdad y ciudadanía en América Latina y el Caribe 2008-2009, la medición de la pobreza bajo un enfoque de derechos implica considerar pobre a un niño ante el incumplimiento de cualquiera de sus derechos, aunque sea uno solo. En la región uno de cada tres niños en pobreza extrema se ve privado gravemente de más de un derecho fundamental. Se trata de un síndrome de múltiples privaciones que alertan sobre una pérdida segura de las oportunidades de aprovechamiento de las potencialidades de los y las menores, y que constituye el principal vector de la reproducción intergeneracional de la pobreza.

El lugar de residencia y el origen étnico se asocian al incumplimiento de derechos. En América Latina, entre los niños rurales la probabilidad de ser extremadamente pobre es cuatro veces superior a la de los niños de zonas urbanas. Asimismo, uno de cada tres niños pertenecientes a grupos indígenas y afrodescendientes son pobres extremos, y dos de cada tres están en situación de pobreza infantil total. En 2007, el 62.7 por ciento de los niños latinoamericanos (113 millones) se veían afectados por una u otra forma de pobreza, es decir, experimentaban alguna privación o violación de sus derechos y/o se encontraban en hogares con ingresos insuficientes. La región está en deuda con sus niños y es poco lo que se ha avanzado en los países para adoptar políticas específicas de alcance universal para reducir la pobreza infantil desde un enfoque integral.

Esta situación reclama un rediseño de la política de lucha contra la pobreza. Se requieren intervenciones directas vinculadas a la provisión de salud y nutrición, servicios de agua potable y saneamiento, educación e información. Pero además urgen acciones de carácter indirecto mediante el aumento de los ingresos de los hogares, ya sea con acciones dirigidas al mercado laboral o por vía de transferencias monetarias. Romper las cadenas de reproducción de la pobreza y la desigualdad requiere acciones decididas de carácter innovador y con una visión integral que asuma que la pobreza infantil es multidimensional, y que sus consecuencias son también multifacéticas. Las políticas públicas no sólo deben orientarse a enfrentar las situaciones de pobreza actual sino a construir sistemas solidarios en el marco de un nuevo pacto intergeneracional, a través del cual no sólo se compensan las privaciones del presente, sino que se vela para impedir su continuidad o resurgimiento a futuro. Esto implica un aumento sostenido de la inversión social y el gasto público en la infancia para mejorar las condiciones de vida de la niñez, a la vez que se promueve un desarrollo más inclusivo e igualitario para los países.

Las rebanadas del pastel

SOS de un lector: dejé de laborar para el gobierno federal este año (Instituto Nacional de Bellas Artes) y al estar un año cotizando para el ISSSTE, dígase Pensionissste (retiro de cesantía en edad avanzada) nunca me dijeron dónde estaba esa cuenta. Hablé a la Consar, a Pensionissste, a Bansefi y a Recursos Humanos del INBA, y nadie sabe dónde está esa cuenta. Me decían que estaban mis aportaciones (de hecho tengo los recibos de nómina, donde aparecen quincenalmente mis descuentos). Entonces, la duda es: ¿qué puedo hacer, ante quién voy o qué hago para que aparezca ese dinero? ¿Tengo que entablar algún juicio, ya que nadie sabe nada?

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