or unanimidad, el Senado aprobó ayer un conjunto de reformas en materia de derechos humanos que elevan a nivel constitucional la defensa y promoción de esas garantías y dotan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de nuevas facultades. Entre éstas destaca la capacidad para investigar y presentar denuncias penales y civiles contra funcionarios públicos por violaciones graves de las garantías individuales, que hasta ahora sólo poseía la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Adicionalmente, se establece que las recomendaciones emitidas por este organismo serán de cumplimiento obligatorio y que las autoridades que no las acepten tendrán que explicar públicamente la razón, y se consagra el pleno acceso de esta entidad a la información en poder de las autoridades, incluso aquella con carácter reservado.

La aprobación de las reformas referidas –las cuales aún tienen que ser avaladas por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos locales– representa un avance histórico en la adecuación del marco jurídico e institucional para procurar el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Dotar a la CNDH de dientes para el ejercicio de sus tareas reviste especial importancia si se toma en cuenta que, hasta ahora, la mayoría de las resoluciones elaboradas por ese organismo representan, en el mejor de los casos, una enumeración de buenas intenciones.

Un dato revelador al respecto es el proporcionado el pasado martes por el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, en el contexto de su primer informe de labores ante la SCJN: durante 2009, de 78 recomendaciones emitidas por ese organismo a más de un centenar de autoridades e instancias federales y estatales, sólo siete se cumplieron de forma total.

A esta debilidad estructural de la CNDH se ha sumado, en años recientes, otra proveniente de su descrédito público y su pérdida de autoridad moral. En un contexto caracterizado por el incremento de la inseguridad, la impunidad y los atropellos oficiales contra la ciudadanía –acicateados por la persecución de protestas políticas y sociales y por el despliegue de militares en diversas zonas del país en el marco de la guerra contra el narco–, esa instancia no ha logrado escapar a la descomposición y el deterioro que afectan a los principales organismos del Estado.

Son significativos los señalamientos formulados en octubre pasado –en el contexto del proceso de relevo al frente de ese organismo público– por la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, quien en una misiva enviada al Senado sostuvo que la CNDH no ha logrado cumplir con las expectativas de su fundación y su mandato. El cuestionamiento, a nivel nacional e internacional, de la actuación y la efectividad de la CNDH es extensivo y conocido por ustedes, escribió Khan, y tales señalamientos hacen inevitable recordar la respuesta tardía y errática de ese organismo ante la represión en San Salvador Atenco y Oaxaca, a finales del sexenio pasado y principios del actual.

En suma, a partir las modificaciones aprobadas ayer en Xicoténcatl, la CNDH tendrá ante sí la oportunidad de erigirse en contrapeso efectivo ante los abusos del poder, gravitar en la defensa de los derechos humanos y, con ello, restañar en alguna medida su propia credibilidad. Cabe esperar que la aproveche.