Tecámac, Méx., 13 de abril. Once familias del fraccionamiento Villas del Real sexta sección pasan noches en vela y reforzaron las puertas de sus domicilios, pues el juzgado segundo de lo civil las sentenció a ser desalojadas por incumplir pagos de créditos inmobiliarios, hoy administrados por el Deutsche Bank, de Alemania.

Los colonos aseguran ser víctimas de un fraude de empresas de crédito e inmobiliarias, e interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Los 11 casos están contenidos en la demanda colectiva que interpusieron 606 familias del estado de México por cobros ilegales. Los denunciantes exigen la revisión de los avalúos de sus casas, cuyos precios se inflaron hasta en 40 por ciento.

José Humberto Pérez Espinoza, representante legal de los demandantes, explicó que el fraude se descubrió el 15 y 16 de julio de 2009, cuando recibieron citatorios de juicios de desahucio, y luego órdenes de desalojo contra cientos de familias dueñas de viviendas de interés social y contratantes de créditos hipotecarios.

Los afectados acusan de fraude a varias empresas inmobiliarias y crediticias, entre ellas Urbi Desarrollos Urbanos, Patrimonio, Su Casita, Crédito y Casa, GE Money, Hipotecaria ING, Hipotecaria Nacional Bancomer, así como al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

El abogado explicó que en agosto de 2008 el gobierno federal dispuso, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 16 mil millones de pesos como parte del plan de rescate hipotecario e inmobiliario denominado Pacto Nacional por la Vivienda para Vivir Mejor, cuyas reglas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2008.

La Sociedad Hipotecaria Federal de la SHCP otorgó los fondos o garantías a una sociedad financiera de objeto limitado (Sofol), que a su vez otorgó un crédito al banco alemán Deutsche Bank, el cual compró la deuda inmobiliaria y, por tanto, asumió la responsabilidad de hacer los cobros respectivos a los compradores de las viviendas.

Para recuperar el capital, se creó el fideicomiso F/342, al cual se destinarían todos los ingresos de los créditos inmobiliarios, incluidos enganches y mensualidades de casas construidas por Urbi Desarrollos Urbanos y otras empresas beneficiarias de las Sofol, dijo Pérez Espinosa.

El programa federal operó como un Fobaproa que benefició a muchas inmobiliarias que prácticamente recuperaron sus inversiones, y en manos del banco alemán dejaron a las familias adquirientes de los créditos inmobiliarios, continuó el litigante.

Deutsche Bank inició juicios de desahucio contra los adquirientes de vivienda, a quienes acusa de no depositar sus pagos en el fideicomiso F/342.

El caso es que empresas inmobiliarias y crediticias, aun después del decreto presidencial de 2008, siguieron cobrando, pero no depositaron el dinero en el fideicomiso F/342.

Yo pagué 11 mil pesos y mensualidades de 6 mil pesos, y desde hace cinco años acumulé un pago de más de 60 mil pesos; ahora dicen que debo todo, hasta el enganche, afirmó Juan Carlos Portillo Trujillo, quien habita en el número 10 de la cerrada Escarey del fraccionamiento Villas del Real sexta sección.

Portillo, quien adquirió su casa con un crédito de 525 mil pesos, fue sentenciado a abandonar el inmueble. Desde que recibió la noticia duerme vestido y colocó doble cerrojo en su puerta, que cada noche atranca con sillones. Tengo miedo de que me vengan a sacar, dijo.

Rafael Olvera García, quien vive en el número 46 de la calle Laurel, aseguró que el juez segundo de lo civil con residencia en Tecámac emitió la orden de desalojo en su contra y solicitó apoyo de 300 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal para que lo expulsen de su casa.

Aseguró que durante cuatro años abonó 157 mil pesos de un crédito inmobiliario de 525 mil. En el juicio de desahucio se argumentó que nunca aportó a la cuenta del fideicomiso F/342.

Eso es totalmente falso. Las 606 familias que presentaron la demanda demuestran que sí pagaron y fueron víctimas de fraude, insistió el abogado Pérez Espinosa, quien también es parte acusadora, pues vive en Villas del Real.

El litigante acusó a Urbi de cobrar mensualidades y enganches de casas que no depositó al fideicomiso, lo cual es ilegal, pues la empresa ya no tenía facultades para cobrar nada.

En la indagatoria los denunciantes integrarán la expedición de cheques emitidos por Urbi, que respalda la devolución de pagos por la compra de viviendas, cuyos propietarios regresaron al perder juicios de desahucio.

El notario público 117, Edmundo Saldívar Mendoza, certificó los cheques expedidos el 14 de enero de 2010 por Urbi, y con ello los denunciantes prueban que la empresa retuvo el dinero. Si no, ¿por qué lo devuelve?