La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para prohibir la entrega y concesión a particulares de la cartera vencida de miles de derechohabientes, y así evitar que los trabajadores que no han podido pagar sus créditos a causa del incremento del desempleo pierdan su patrimonio.

El dictamen resalta que el instituto cumple con una función social que no puede perderse por una transacción comercial. Rubén Moreira Valdés, secretario de la comisión y promovente de la reforma legal, argumentó que el Infonavit es una institución de carácter social, siendo su principal objetivo materializar el esfuerzo de los trabajadores para incrementar su patrimonio y bienestar, mediante el financiamiento de vivienda a bajo costo, en un entorno sostenible, propicio para desarrollar su potencial individual y en comunidad, mejorando así su calidad de vida.

La reforma tiene su razón jurídica e histórica en el beneficio social de los trabajadores y sus familias, y por lo tanto, refirió el legislador Moreira, no podemos permitir que sea el propio instituto el que atente contra los mexicanos, privilegiando el enriquecimiento de empresas y fomentando la inequitativa distribución del ingreso.

A la fecha el organismo se ha caracterizado por sus fines no lucrativos, producto de la obligación del Estado. No obstante, el consejo de administración se propone ceder mediante una venta desventajosa a negocios de índole privada los créditos que se encuentran pendientes de pago.

Esta situación, lejos de ser un mecanismo de apoyo y orientación para el trabajador, ha mermado el carácter social de esta institución, generando un lucro en favor de despachos y empresas cuyo único objetivo es obtener ganancias financieras a costa del patrimonio de miles de familias de bajos ingresos que han sido golpeadas por la crisis económica y el desempleo.