Puerto Príncipe, 16 de abril. El presidente René Préval recibió anoche un cheque en blanco de valor inestimable: el Senado aprobó en una sesión que duró apenas una hora, sin debate y en ausencia del bloque opositor, una nueva ley de emergencia nacional que le concede poderes extraordinarios y deja sin contrapesos al Poder Ejecutivo y a su contraparte internacional integrada en el Comité Interino para la Reconstrucción Nacional.

Este organismo concentrará todas las decisiones concernientes a la gestión post sismo en el país y aplicará sin fiscalización del Poder Legislativo local los 5.3 millones de dólares que aprobó la Conferencia de Donantes para el próximo año y medio. La instancia es dirigida de manera conjunta por el ex presidente estadunidense Bill Clinton y el ministro del Interior Max Bellerive.

La aprobación de la nueva ley para enfrentar la mayor contingencia humanitaria provocada por un desastre natural en la historia moderna, que sustituye una normatividad que a todas luces era insuficiente y permitía sólo 15 días de excepción renovables a 45 días en total, fue saludada por el oficialismo, el partido mayoritario Inite y los representantes extranjeros como un momento histórico.

Ejemplo de esta euforia fue la declaración del embajador francés Didier Le Bret, quien aseguró que la votación, en la que los senadores aceptan anular sus propias funciones, permite preservar los más altos intereses de la nación y coloca el Plan de Reconstrucción y Desarrollo del gobierno de Préval en la ruta del éxito. Los días anteriores a la votación estos mismos diplomáticos advertían que si no pasaba la ley, Haití no vería un solo centavo de los fondos de ayuda internacional humanitaria, ya que los donantes exigen su derecho a voz y voto.

Esta ley y esas presiones nada tienen que ver con la aplicación de la ayuda humanitaria, responde Edgard Leblanc, secretario general de la Organización del Pueblo en Lucha (OPL), segunda fuerza electoral de tendencia socialdemócrata y uno de los voceros de la Plataforma Alternativa opositora. Explica que el plan de reconstrucción contempla que, aun sin ley de emergencia, la comunidad internacional y las agencias pueden fiscalizar e incluso participar en la gestión de los fondos. Nosotros no estamos en contra de una ley que permita una acción eficaz en caso de catástrofe, por el contrario. Pero lo que Préval pretende es la continuidad en el poder cuando su mandato concluya en abril del año próximo, a través de algún incondicional.

Préval ha insistido en que esa no es su intención y que antes de febrero del año próximo habrá elecciones. Sí, ¿pero con qué padrón?, cuestionan los opositores.

No es pregunta ociosa. El terremoto del 12 de enero modificó violentamente la demografía de este país. Prácticamente un cuarto de millón de personas muertas, medio millón de desplazados hacia las provincias, millón y medio de damnificados sin domicilio oficial en la capital y ciudades aledañas, una nueva oleada de emigración al extranjero. Ello para no hablar de la pérdida de documentos, la destrucción de registros civiles y electorales.

“Además –se pregunta Leblanc, un ingeniero que cambió profesión por militancia política–, ¿campañas electorales en estado de excepción, en medio de la catástrofe, con las autoridades electorales desplomadas? No hay que olvidar que con la nueva ley y el estado de excepción también puede haber suspensión de garantías individuales, del derecho a la manifestación y la protesta. Es fácil para Clinton y Préval prometer elecciones. Lo difícil será que esto ocurra.”

Apenas hace dos meses, hacia febrero, el oficialismo hubiera encontrado un discurso más conciliador entre los opositores. A la vista de la enorme tragedia, nuestra primera reacción fue cerrar filas con Préval. Incluso consideramos la posibilidad de una continuidad para volcar todas las prioridades a la contingencia. Pero en los tres meses que han pasado no sólo vimos el vacío de poder, su falta de acción, las oportunidades que dejó pasar para ponerse al frente de la crisis y tomar decisiones que eran vitales, un error tras otro. Nos afectó su falta de voluntad para concertar con otros sectores políticos y sociales; nos ignoró. Por el contrario, ha trabajado para desestructurar a las organizaciones de la sociedad civil, para colocarse como único interlocutor válido ante la comunidad internacional. Ese es su cálculo.