Madrid, 17 de abril. El Tribunal Constitucional español fracasó por quinta vez consecutiva en resolver uno de los recursos presentados ante su fuero que más polémica y debate han suscitado en los últimos años: el que decidirá si el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado en 2006, es acorde con el espíritu constitucional español.

Las autoridades políticas y la opinión pública expresaron su hartazgo ante la incompetencia de un tribunal que añade más críticas al aparato judicial español, muy cuestionado en los últimos días por su actuación contra el juez Baltasar Garzón.

Han pasado casi cuatro años desde que, tras una histórica votación en el Parlamento catalán, primero, y después en el Congreso español se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, región peculiar, con sus propios símbolos e idioma.

El texto fue refrendado por una amplia mayoría de los partidos políticos catalanes, excepto las formaciones minoritarias en la región, los conservadores Partido Popular (PP) y Ciutadans. Después se aprobó en referendo, también por amplia mayoría, lo que supuso el preámbulo definitivo para su activación y puesta en práctica. El único escollo sin resolver fue el recurso de inconstitucionalidad presentado por la dirección del PP en Madrid, bajo el argumento de que el marco regulatorio supondría el principio de la secesión definitiva de la región.

El máximo órgano de consulta sobre la legislación, el Tribunal Constitucional, está integrado por 12 magistrados y desde que se presentó el recurso lo han sometido cinco veces a votación. Todas con idéntico resultado: no han sido capaces de aprobar una ponencia, incluso esta última, que rechazaba 14 artículos del Estatuto, incluidos los puntos polémicos que se referían a la defensa de la lengua autóctona.

El presidente del gobierno de Cataluña, el socialista José Montilla, reconoció que este nuevo fracaso del Tribunal Constitucional supone un riesgo de crisis política en la región, pues está a las puertas de unas elecciones autonómicas en las que todos los partidos coincidían en la necesidad de que ya estuviera resuelto el asunto. Por esto, el propio Montilla solicitó tanto al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como al líder de la oposición, el conservador Mariano Rajoy, que se pongan de acuerdo para renovar cuanto antes al órgano judicial.