Los militares no somos ningunos cobardes. No rechazamos el combate. Pedimos al Congreso aprobar reformas en materia de seguridad nacional para que los miembros de las fuerzas armadas tengamos garantías al actuar en las calles. Nada más, pero nada menos, expresaron generales que solicitaron el anonimato entrevistados a propósito de la discusión que existe en el Poder Legislativo en esta materia.

Asimismo, revelaron que la jerarquía castrense, a partir de que los soldados son adiestrados de manera distinta a los policías y su preparación es para el ataque y no para la disuasión, como ocurre con éstos, ha planteado al Congreso y al presidente Felipe Calderón mantener el fuero militar, porque no se puede juzgar a un integrante de las fuerzas armadas como se juzga a cualquier policía.

Recordaron que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, ha propuesto al Presidente y a los legisladores dar valor probatorio a las investigaciones de inteligencia realizadas por el Ejército para que se combata la corrupción en los círculos gubernamentales y, en caso de detectar ilícitos de este tipo, los responsables sean castigados sin importar si se trata de gobernadores o secretarios de Estado, por ejemplo.

La polémica data de abril de 2009, cuando el presidente Calderón presentó su iniciativa de seguridad nacional, en la cual solicita se definan los procedimientos para que las fuerzas armadas continúen sus acciones de preservación de la seguridad interior, según define el lenguaje oficial.

Hasta hoy, la Constitución Mexicana no establece de manera específica bajo qué parámetros las fuerzas armadas pueden participar en el combate al crimen organizado ni la temporalidad del mismo. Para ello, únicamente se apoyan en jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La iniciativa presidencial resalta que la participación de la Fuerza Armada Permanente como respaldo a las labores de las fuerzas de seguridad es eficiente y efectiva; sin embargo, la sociedad hoy reclama mejorar su funcionamiento en el marco del estado de derecho, y para ello debe estar debidamente sustentada su participación en la ley (...) la iniciativa pretende definir claramente el procedimiento de participación de la Fuerza Armada Permanente y sus atribuciones en materia de seguridad interior, lo que ofrecerá certidumbre jurídica y operatividad a su intervención, en favor de los ciudadanos.

El pasado 9 de febrero el propio general Galván impulsó la iniciativa durante la conmemoración de la Marcha de la Lealtad, cuando expresó que sólo mediante reformas integrales estaremos en condiciones de consolidar ese bienestar colectivo que todos exigen, pero que no todos procuran.

Cuatro días después, senadores y diputados reavivaron el debate sobre el tema y, de acuerdo con su filiación, se han pronunciado por aprobarlas o rechazarlas en los términos planteados por el Ejecutivo. Hasta hoy, los legisladores analizan diversas propuestas que lleven a un marco jurídico que regule la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado.

Al mismo tiempo, el titular de la Sedena se ha reunido afanosamente con los miembros del Poder Legislativo, los últimos encuentros fueron los días 7 y 12 de este mes.

En el más reciente encuentro, Galván Galván insistió ante los legisladores en su planteamiento: el Ejército Mexicano requiere de un marco regulatorio para continuar en la lucha contra el crimen organizado, y de allí surgió la versión –nunca desmentida por la Sedena– de que el general secretario reveló la renuencia de algunos generales a seguir participando en la batalla contra la delincuencia a falta de garantías para esa labor.

Colaboración plena

A propósito de esto último, los mandos consultados plantearon: “no somos ningunos cobardes. El general secretario dijo expresamente a los legisladores que los jefes de las zonas militares exigen no sólo la colaboración plena de todo el gobierno federal, sino de todo el Estado mexicano.

“¡No nos resistimos a combatir al narcotráfico ni a los delincuentes! Hacerlo sería insubordinación, y lo primero que se nos enseña es a obedecer y a acatar órdenes. Insubordinarse representa ser arrestado y llevado a juicio, como en cualquier ejército del mundo.

“Lo que sí queremos es que exista una ley que nos otorgue las facultades para estar en las calles, no sólo la resolución de la SCJN.

“Y esto podría llegar al extremo de que el día que entre un nuevo presidente de la República, varios generales se vieran sometidos a consejo de guerra si el poder civil considera que violaron la ley. Podrían aducir: ustedes que se dicen tan respetuosos de la ley, ¿bajo cuál salieron a las calles si saben que constitucionalmente no pueden hacerlo?

“Decimos que todo esto es una cuestión de seguridad nacional. Pues sí lo es, pero no está escrito.

“En estos momentos hay mucha sensibilidad. La gente tiene que entender que a nosotros nos adiestran de forma diferente a los policías. Nuestros objetivos son distintos. Nosotros estamos listos para el ataque, no para la disuasión. ¿Nos explicamos?

“Por eso es tan riesgoso tener a las tropas en la calle. ¿Pero cómo vas a actuar cuando tu presidente, el comandante supremo, saca al Ejército sin ninguna garantía?

“Lo que dicen muchos generales es: combatamos primero con la misma fuerza de fuego y luego con la misma reacción, porque no puede ser que te tiren con un lanzacohetes y tú respondas con flores por aquello de los derechos humanos.

“Que en medio de ese fuego hay víctimas, sí. Que hay equivocaciones, también. Que nuestras tropas cometen excesos, a veces los hay.

“Para nosotros ésta es una situación de guerra. Las modificaciones que se han solicitado son para tener garantías de nuestra actuación en las calles y que si la tropa comete actos irregulares, sea juzgada por la justicia castrense, porque no se les puede tratar de la misma forma que a un policía, porque en principio somos diferentes.

“La tropa está acostumbrada a obedecer, si se le dice combate; es lo que hace, combate.

“También, en esa línea, el general secretario Galván ha dicho al presidente Calderón y a los legisladores: la capacidad de fuego del crimen es 500, la del Ejercito de 100.

“Aun así, nosotros tenemos adiestramiento y táctica adquiridas durante años, pero es cierto que esa capacitación no está adaptada para que los militares combatan al crimen común. También eso se le ha dicho al presidente Calderón.

“El Ejército no fue creado ni se le entrena para combatir a la delincuencia común, y el crimen organizado se está convirtiendo en delincuencia común.

“¿Cuál es el fondo de todo esto? Pues sólo hay que ver cuánto presupuesto tiene la Secretaría de Seguridad Pública federal. En cambio, el Ejército tiene equipos con una antigüedad hasta de 50 años; carecemos de capacidad de vuelo, porque nuestros aviones son viejos. Y aun así combatimos, obedecemos.

“¿Que nos hacen falta otras capacidades tácticas y adiestramiento en derechos humanos? Sí, es cierto, pero esa capacitación la tenemos para aplicarla cuando se trata de ayudar a la población en casos de desastres naturales.

En suma, el asunto es complejo. Vivimos tiempos difíciles y de incertidumbre, concluyeron.