Organizaciones civiles exigieron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de la menor de 10 años violada por su padrastro en Quintana Roo, y cuestionaron el silencio de la presidenta local del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), sobre el manejo tendencioso de esa institución.

Lo anterior expresaron Gabriela Rojo, de la Red de Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida; María Luisa Sánchez y Marta Lamas, del Grupo de Información de Reproducción Elegida; la periodista y fundadora de CIAM, Lydia Cacho, y el ex titular del DIF nacional, Mario Luis Fuentes, director general del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.

La niña no fue atendida de inmediato en las instituciones de salud del estado, sino que, por decisión de la titular del DIF local, Lizbeth Gamboa, se le llevó a una clínica de Provida. Además, no le dieron más opción que tener al bebé, cuando se trata de un embarazo de alto riesgo, pues sufre de grave desnutrición, señalaron Cacho y Lamas.

En rueda de prensa en Casa Lamm, señalaron que en ese estado se viola la Constitución e incumplen compromisos globales sobre el derecho de las víctimas de violación a interrumpir el embarazo.

Según cifras del Unicef y de Salud estatal, en Quintana Roo prácticamente se triplican los casos de abuso sexual, junto a otras entidades. En 2009, 881 menores de edad resultaron embarazadas por violación sexual, y este año por ese motivo ya suman 458 los embarazos de adolescentes.

Lamas indicó que esa entidad tiene el promedio más alto en violaciones sexuales, además de ser un estado receptor de turismo sexual infantil. De ahí la importancia de que intervenga la CNDH. En Quintana Roo las denuncias que llegan a las autoridades judiciales ascienden a 9.6 por ciento, casi el triple de la media nacional (3.4-3.6 por ciento).

Los activistas advirtieron que las autoridades locales desdeñan la problemática e incumplen la norma oficial mexicana 046, sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres; criterios para la prevención y atención.

Dicha norma señala la responsabilidad y las obligaciones del personal de salud de atender a las niñas y mujeres que han sufrido violencia, específicamente sexual, y emprender medidas de reparación y prevención; entre éstas, proporcionar métodos de anticoncepción de emergencia y dar información completa y suficiente relativa a la interrupción legal de un embarazo producto de una violación, lo que no sucede en la entidad.