La política de desarrollo social del gobierno federal fue sometida a escrutinio en la Cámara de Diputados y no salió bien librada. La oposición exigió a la administración calderonista cambiar radicalmente el contenido de sus acciones destinadas a mitigar la miseria, por considerarlas clientelistas y electoreras.

Como en contadas ocasiones, la sesión de la Cámara de Diputados se inició con un debate de la agenda política, y el tema concreto fue la conducción de la política de desarrollo social. La semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión de Vigilancia, encabezada por Esthela Damián, concluyeron que la pobreza en el país va en incontenible crecimiento, a pesar del millonario cauce de recursos para enfrentarla.

Inútil resultaron la defensa y los lamentos de los diputados del PAN, quienes reconocieron que la pobreza es un hecho tangible que “duele, lastima y es un compromiso que tenemos que atender con toda la responsabilidad… es un compromiso heredado por los gobiernos del PRI”.

Antes del señalamiento panista al priísmo, Carlos Flores Rico (PRI) acusó al gobierno federal: hoy la política social mexicana es un desastre. No tiene arreglo, no funciona, no combate la pobreza ni la desigualdad, no combate el contraste regional, no eleva el nivel de desarrollo humano, no construye ciudadanía y absolutamente avanza cero en materia de bienestar de los mexicanos.

El representante priísta calificó la política del ramo social de asistencialista; no recupera la capacidad productiva de la gente;  sigue duplicándose; no hay padrones únicos de beneficiarios; se mantiene el sesgo clientelar, electorero o promocional, y sigue subestimando la participación de la gente.

Hugo Hernández (PRD) afirmó que el gobierno federal ignora cómo y hacia dónde dirigir los recursos para el combate a la pobreza, y propuso al pleno elaborar la base de los programas que habrían de aplicarse en el país.

Que el trabajo de fiscalización realizado por esta Cámara de Diputados, por conducto de la ASF, sirva como base para determinar cuáles programas están dando resultados, y de esta forma poder modificar la propuesta inercial del documento de los criterios económicos enviados por la Secretaría de Hacienda.

Por el contrario, Gloria Luna (PAN) pretendió enfocar los señalamientos contra el gobierno federal a las administraciones de estados y municipios, ocultando que los programas más onerosos contra la pobreza son federales.

Hemos hecho hincapié en la fiscalización permanente de los recursos públicos, pero no solamente al gobierno federal, sino a los estatales y municipales.

Jaime Cárdenas (PT) acusó a panistas y priístas de aportar sustantivamente a la pobreza ancestral de millones de mexicanos. Propuso legislar para que la política social no solamente atienda con programas sociales, sino que se establezcan los mecanismos jurídicos para que el incumplimiento de los gobiernos federal, estatales o municipales pueda ser exigible, reclamable ante un tribunal.

Estamos obligados a reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para transparentar, en todas las etapas, el ejercicio del gasto público en México. Pero sobre todo estamos obligados, y aquí confluyen las medidas de mediano y corto plazos, a modificar el sistema de responsabilidades, indicó.