yer, durante una audiencia pública en la Plaza de San Pedro, en Roma, Benedicto XVI se comprometió a que habrá acciones de la Iglesia católica para contrarrestar el escándalo por abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes, que en los meses recientes ha hundido a esa institución en un descrédito internacional.

Lo dicho por Joseph Ratzinger podría ser saludable y plausible si no se expresara en un discurso ambiguo y confuso de la jerarquía vaticana en lo que toca a las acusaciones referidas, y por una renuencia a reconocer la cuota de responsabilidad que a ella misma le corresponde en estos episodios. El propio Ratzinger ha insistido en días recientes, ante los numerosos señalamientos de abusos cometidos por sacerdotes, en llamar a los católicos a hacer penitencia para restañar a una iglesia herida por nuestros pecados, pero ha eludido referirse a esos casos como lo que son: delitos que deben ser sancionados conforme a las leyes seculares y que han permanecido impunes debido a una vasta red de encubrimiento que involucra a la jerarquía eclesiástica y a las autoridades civiles de distintos países.

 Una incongruencia aún peor fue exhibida ayer por el alto clero español, el cual se congregó en una misa de desagravio en la que los obispos ibéricos expresaron a Ratzinger su adhesión incondicional, y en la que el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, señaló que el poder del mal arrecia con inusitada fuerza contra el actual pontífice. Tales declaraciones resultan lamentables por partida doble: por un lado, porque en la circunstancia actual los actos de desagravio no tendrían que ir dirigidos al obispo de Roma, sino a las víctimas de las agresiones sexuales cometidas por clérigos; por el otro, porque al vincular las acusaciones de pederastia con conceptos de filiación teológica, como el poder del mal, los religiosos españoles restan credibilidad a las demandas de justicia y esclarecimiento procedentes de diversas feligresías, las cuales parecieran quedar reducidas, con tal expresión, a la condición de instrumento de Satanás.

Por lo que respecta a nuestro país, una actitud semejante ha podido observarse en la respuesta de la jerarquía eclesiástica a la nueva demanda –interpuesta anteayer en la Corte Federal de Los Ángeles– contra los cardenales Norberto Rivera Carrera y Roger Mahony, por presunto encubrimiento del cura pederasta Nicolás Aguilar. Los intentos de la arquidiócesis de México por minimizar acusaciones de larga data y hasta ahora no desmentidas en contra del obispo mexicano, van en contra de lo dicho por éste en días recientes de que no tolerará ni defenderá casos de abuso sexual cometido por sacerdotes. Si Rivera es inocente de los actos que se le imputan, no hay razón para que no se someta al proceso legal correspondiente ni para que el arzobispado siga resistiéndose mediante triquiñuelas legales al esclarecimiento judicial de los señalamientos referidos; en la medida en que esto no ocurra, el supuesto compromiso formulado por el purpurado quedará ante la opinión pública como un mero acto de simulación.

En suma, la Iglesia católica no podrá remontar la caída de su credibilidad y su propio desprestigio en tanto persistan las posturas arrogantes y los baños de pureza con que ha respondido hasta ahora a las acusaciones por los casos de pederastia. Es necesario que los jerarcas de esa institución a todos los niveles muestren un cambio de actitud, y que se apresten, con voluntad efectiva y buena fe, a colaborar con las autoridades seculares en el esclarecimiento y la impartición de justicia por los cada vez más numerosos casos de abuso sexual y de encubrimiento que han ido saliendo a la luz pública en años, meses y semanas recientes.