Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, luego de que los magistrados del decimosegundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito dieron la razón a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para negar el pago de más de dos años de salarios retenidos a 65 empleados, no obstante que los quejosos habían ganado cuatro laudos en ese tribunal.

Joaquina Sandoval Acevedo, una de las afectadas, señaló que los magistrados Luz María Corona Magaña, Miguel Bonilla Solís y Francisco Javier Patiño Pérez han mantenido una actitud grosera y omisa con los trabajadores, pues informó que en la última revisión del amparo solicitado por las autoridades educativas, le dieron un vuelco al caso, soslayando toda la jurisprudencia que habían expresado en los cuatro laudos donde nos concedieron la razón.

Su argumento es que los 65 empleados, quienes desde octubre de 2007 no perciben salario por negarse al traslado a un edificio sin mínimas medidas de seguridad, es que nosotros no nos presentamos con el patrón, en este caso la SEP, para cumplir con nuestras obligaciones laborales, cuando hemos peleado incluso ante tribunales el derecho a nuestra materia de trabajo, pero de un plumazo y sin argumento jurídico de fondo, le dieron la razón al empleador.

Porfirio Martínez González, abogado de los 65 trabajadores afectados, señaló que los magistrados antes citados resolvieron el juicio de amparo promovido por la SEP de una manera equivocada y ligera, así como con una clara violación a la justicia social y laboral.

Hasta el momento, indicó, no podemos explicar por qué se presentó un cambio tan radical, cuando en cuatro laudos se nos dio la razón, pero de pronto se olvidan de todo el proceso del caso y aseguran que mis defendidos no pueden recibir su salario porque no se han presentado a laborar, con lo que hacen caso omiso de las pruebas ampliamente documentadas que se presentaron para explicar que no es responsabilidad de los trabajadores, sino de las autoridades educativas.

En el documento entregado al CJF, cuya copia tiene La Jornada, los quejosos demandan un cambio de tribunal colegiado del expediente que se encuentra pendiente para el análisis, con la finalidad de preservar la imparcialidad y objetividad con que debe conducirse todo órgano del Poder Judicial.