El rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, propuso a las cámaras de Diputados y de Senadores modificar el fuero de guerra para que los militares que cometan delitos contra la sociedad sean sometidos a juicios civiles.

En reuniones por separado, también demandó que las fuerzas armadas regresen a sus funciones constitucionales una vez que la policía esté preparada para combatir la inseguridad.

Demandó el esclarecimiento expedito del asesinato de dos alumnos de posgrado en el campus de Monterrey del Tec, la reparación del daño a las familias de éstos, así como de cualquier ciudadano afectado por los operativos militares.

En las reuniones en ambas cámaras cuestionó que a un mes del asesinato de Jorge Mercado y Francisco Arredondo, quienes perecieron dentro del plantel, en medio de un enfrentamiento entre miembros del Ejército y criminales, aún no haya respuestas sobre quién los mató. Exigimos además que no se sigan violando los derechos humanos, declaró.

Entrevistado luego de reunirse con senadores, afirmó que hechos lamentables como ése no deben repetirse.

Refirió que entre las propuestas, incluidas en el documento Propuestas del Tecnológico de Monterrey para mejorar la seguridad en México, está constituir una policía única y que, por conducto de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se definan indicadores para medir el avance en el combate a la inseguridad en los estados.

En el documento entregado a la Cámara de Diputados se exigió la aprobación de un marco normativo adecuado para la participación de las fuerzas armadas en las tareas relacionadas con la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada, que asegure su eficacia y el apego estricto a la ley y garantice el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales.

El documento, elaborado por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, consideró que el Senado debe analizar el tema, discutirlo y dictaminarlo de manera amplia, rigurosa y, sobre todo, respetuosa de las garantías individuales contenidas en la Constitución.

El objetivo debe ser, indicó, que exista un marco regulatorio “muy claro y específico para la participación de las fuerzas armadas en los operativos contra la delincuencia organizada o en situaciones donde exista una amenaza cierta y comprobable a la seguridad interior”.

En la intervención de militares en tareas de combate a la delincuencia, abundó, es necesario evitar excesos y abusos, y reducir el riesgo de errores que dañen a la población civil.