La oposición en la Cámara de Diputados condenó la política exterior del gobierno federal en materia de migración: “ya basta de agachismo complaciente”, y recriminó a las autoridades nacionales que sean omisas ante la criminalización de millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.

En el Senado, el pleno instó a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, a que vete la iniciativa antinmigrante SB1079, recién aprobada por el Congreso de ese estado, ya que provocará la persecucion e intimidación de los trabajadores indocumentados.

Sin discusión, todas las fuerzas políticas votaron en favor del acuerdo respectivo, que incluye también un exhorto al gobierno de Felipe Calderón a que se pronuncie contra esa y otras iniciativas que perjudican a los migrantes, aprobadas en Estados Unidos.

El Senado expresó gran preocupación por el clima antinmigrante que se gesta en el estado de Arizona, motivado en buena medida por las próximos comicios, en los que la republicana Brewer y varios legisladores, entre ellos el senador John McCain, autor de la reciente reforma, buscarán relegirse.

En San Lázaro, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Porfirio Muñoz Ledo, fue mordaz con el quehacer oficial frente al fenómeno migratorio.

“Los factores de atracción de la economía norteamericana son tan poderosos como los factores de expulsión. Es una economía que necesita del trabajo, a diversos precios. Es una economía que va remplazando mano de obra calificada por menos calificada. La migración es, entonces, parte integrante del Tratado de Libre Comercio y factor fundamental de la productividad y del crecimiento de la economía” de ese país, afirmó.

“Queremos pedirle a esta Cámara que antes de la reunión con Estados Unidos pasemos a la Comisión Permanente la tarea de tener un debate interno. Quisiera que los congresistas de Estados Unidos oyeran lo que se dice en esta Cámara, que quienes vamos a acudir al encuentro tengamos el mismo lenguaje que ustedes. Basta ya del doble lenguaje. Basta ya de un agachismo intolerable.”

A esas críticas se sumó Acción Nacional: Norma Salazar, presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, se pronunció por la defensa de los derechos humanos:

La iniciativa en cuestión representa un claro retroceso en materia de leyes migratorias y constituye un atentado contra la dignidad de las personas, al tener un claro contenido racista. En su contenido tiene la criminalización de los ciudadanos mexicanos. Independientemente de su condición migratoria, los derechos humanos deben ser salvaguardados y no deben ser puestos en entredicho, y menos aún ser violados sistemáticamente, con todo el respaldo de una legislación estatal.

Antes, Laura Arizmendi (Convergencia) advirtió que mientras persistan actitudes que combinan peligrosamente la supremacía racial y reivindicaciones indefendibles, “además de la tibia o inexistente respuesta del gobierno mexicano, seguiremos asistiendo a esos verdaderos asaltos a la condición humana expresados en las vejaciones que sufren nuestros paisanos allende la frontera.

La actitud sumisa del gobierno mexicano, caracterizada por la inoperancia de la cancillería y su desatención a las condiciones que enfrenta la mayoría de los mexicanos en el vecino país, han dado por resultado la indefensión total de nuestros compatriotas.

Al señalar que el gobierno mexicano no debe permitir agresiones contra mexicanos, el petista Enrique Ibarra advirtió que la criminalización de los migrantes sólo generará perjuicios.

Debemos recordar que justamente por su situación migratoria irregular, los trabajadores mexicanos no cuentan con derechos laborales plenos. Los salarios que devengan son siempre inferiores a los de un trabajador con documentación en regla. Carecen de seguridad social. Son, por desgracia, mano de obra barata.

Por el PRD, Marcos Carlos Cruz calificó de errática la postura de la administración estadunidense, porque la legislación aprobada en Arizona contraviene el difuso compromiso con una reforma migratoria.

Las autoridades mexicanas no pueden ser omisas a esta amenaza contra los derechos humanos y civiles de millones de compatriotas, advirtió, y demandó apoyar a organizaciones estadunidenses de migrantes.

La priísta Narcedalia Ramírez exigió al calderonismo intensificar las gestiones en defensa de los mexicanos.

No puede ser omiso (el gobierno) en este problema tan trascendental para la vida de nuestros esforzados compatriotas que aquí, en nuestra patria, con más de 3 millones de desempleados, no encuentran oportunidades para su sobrevivencia.