Luego de que la gobernadora de Arizona, Janice K. Brewer, firmó la ley SB1070, que criminaliza a indocumentados, el gobierno de México lamentó que en la aprobación de esta iniciativa no se haya tomado en cuenta la valiosa aportación de los migrantes en la economía, la sociedad y la cultura de ese estado. La criminalización, puntualizó, no es el camino para resolver el fenómeno de la migración indocumentada.

En un mensaje, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa Cantellano, consideró que la ley suscrita afecta la relación entre Arizona y México y obliga a las autoridades mexicanas a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con ese estado.

Por lo demás, dijo que se utilizarán todos los recursos al alcance para defender los derechos y dignidad de los connacionales que radican en la citada entidad fronteriza. Conforme avance el proceso de la ley SB1070, refirió que la embajada de México en Estados Unidos y los cinco consulados en Arizona estarán redoblando sus acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica.

Puntualizó que el gobierno mexicano seguirá velando por los intereses de todos sus ciudadanos en el extranjero, indistintamente de su condición migratoria.

En la sede de la cancillería, Espinosa Cantellano aseguró que autoridades nacionales, federales y estatales se acercaron a legisladores y funcionarios de todos los niveles de Arizona para transmitir sus preocupaciones frente a la eventual aprobación de la ley, sin obtener ninguna respuesta positiva.

México reconoce el derecho soberano de todos los países para decidir las políticas públicas que deben aplicarse en su territorio. Sin embargo, cuando una medida como la SB1070 afecta potencialmente los derechos humanos de miles de sus ciudadanos, no puede permanecer indiferente, puntualizó.

Insistió en que la criminalización no es el camino para resolver la migración indocumentada. La existencia de mercados laborales transfronterizos exige soluciones integrales y de largo plazo. La corresponsabilidad, la confianza y el respeto mutuo deben ser la base para atender los retos compartidos en América del Norte, añadió.

La funcionaria también se refirió al tema de la vecindad segura que incluye la ley SB1070 y dijo que la violencia que se ha experimentado en la frontera común tiene su origen en ambos países y es motivo de gran preocupación.

Es imperativo reconocer que enfrentamos un reto compartido y de naturaleza trasnacional, destacó. Así como las autoridades mexicanas mantienen el compromiso inamovible de combatir al crimen organizado, las de Estados Unidos deben continuar fortaleciendo sus acciones para disminuir la demanda de drogas y controlar el tráfico ilegal de armas, precursores químicos y dinero en efectivo, los cuales proporcionan a organizaciones criminales medios para generar violencia y desafiar a las autoridades del estado, reiteró.

Espinosa señaló que el tránsito ilegal de mercancías está lejos de relacionarse con el fenómeno migratorio y pidió recordar la enorme contribución de los migrantes a la economía y la sociedad en Arizona.

La Ley de Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros (SB1070) entrará en vigor a principios de septiembre. Dicha norma permitirá a la policía detener a cualquier persona si sospecha que ese individuo se encuentra de manera indocumentada en el país vecino, y hace ilegal la contratación de migrantes, así como transportarlos.