Defensores de derechos humanos señalaron que el gobierno federal intenta retrasar el cumplimiento de su obligación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que demandó al Estado mexicano modificar el fuero militar–, al enviar al Senado al titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para convencer a los legisladores de no incluir el fuero castrense en la ley de seguridad.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que la afirmación de Gómez Mont de que en septiembre el gobierno federal enviará una iniciativa integral e íntegra sobre el tema, donde se dejarán fuera de la protección castrense delitos sexuales, tortura y desaparición forzada, es contradictoria con los estándares internacionales.

Consideró que la reforma en la materia tiene que plantear que la justicia militar sólo se aplique para los delitos y faltas relacionados exclusivamente con la disciplina de las fuerzas armadas, mientras las violaciones a derechos humanos de los ciudadanos –que también incluyen asesinatos o detenciones arbitrarias– sean investigadas por órganos civiles. Subrayó que el Senado tiene que generar espacios de debate con expertos y organizaciones civiles, a fin de que la ley de seguridad nacional y de garantías fundamentales sea consensuada con otros actores.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró alentador que el gobierno federal analice enviar una iniciativa al Congreso sobre el fuero castrense. Sin embargo, lamentó que dicho proyecto se presente hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones del Legislativo –el actual termina el 30 de abril–, pues aún hay tiempo para que se reciba y comience su análisis.

Indicó que es preocupante la falta de control civil sobre las fuerzas armadas, pues el Estado mexicano presenta saldo gris en torno a las violaciones a garantías fundamentales cometidas por soldados, por lo que consideró que el Ejército no debe seguir en las calles.

En contraparte, las organizaciones que integran el Movimiento Blanco expresaron que la conexión entre mafias del narcotráfico, diversos tipos de delitos como el secuestro y la penetración de la criminalidad en algunas esferas sociales, reclaman y justifican la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Agregaron que el Congreso debe considerar que las reformas en materia de seguridad nacional no impidan la acción de Ejército y Marina, para que no se dificulte el apoyo a la sociedad.

En conferencia, el grupo Avanzada Ciudadana, que dirige Raúl Tortolero, señaló que la reforma de seguridad nacional debe incluir un capítulo que obligue al respeto de los derechos humanos en el combate al crimen organizado: queremos un marco jurídico que armonice seguridad interior, democracia y fortalecimiento institucional, además de reglas realistas que faciliten que las fuerzas armadas puedan actuar con mayor agilidad y al mismo tiempo acoten su participación para que respeten los derechos humanos.

En ese contexto, las ONG señalaron que los legisladores no están dando la importancia necesaria a la investigación y persecución de los delitos relacionados con el lavado de dinero.