La Cámara Americana de Comercio (AmCham) aseguró que México continúa siendo un país en el que la violación a los derechos de propiedad intelectual representa una constante, lo que causa graves pérdidas a los titulares –mexicanos y extranjeros– de tales derechos, frena la economía y pone en riesgo la vida y salud de las personas.

Durante la presentación del estudio El sistema de propiedad intelectual en México: logros y retos, el organismo resaltó que anualmente la piratería le cuesta al país 748 millones de dólares por pérdida de recaudación fiscal y ha provocado la desaparición de 480 mil empleos.

Si bien reconoció que el gobierno federal, junto con un pequeño número de entidades federativas, ha incrementado las acciones destinadas a mejorar la protección de estos derechos, el organismo señaló que lo hecho hasta el momento no basta.

La comunicación y cooperación entre el sector público y la industria es hoy, más que nunca, una realidad; sin embargo, ello no es suficiente, señaló Amcham en el documento.

Agregó que las industrias que más se han visto afectadas por la piratería y la falsificación de productos son las del vestuario y calzado, la fonográfica, del software de cómputo y la industria farmacéutica.

Al respecto, Kiyoshi Tsuru, presidente del Comité de Derechos de Propiedad intelectual de Amcham, dijo que la piratería no sólo ocasiona pérdidas económicas para empresas, gobiernos y población, sino a también cuesta la vida a miles de personas alrededor del mundo.

Explicó que lo anterior obedece principalmente a la adquisición de medicamentos piratas o la compra de refacciones para autos que no cumplen con las mínimas normas de seguridad.

Tsuru agregó que existe estrecha relación entre la piratería y el crimen organizado, por lo que, dijo, es fundamental crear acciones para combatir ambos ilícitos.

El dirigente propuso una serie de medidas para aumentar la cooperación entre el sector público y el privado, entre ellas: la ampliación de programas de capacitación a las autoridades en materia de propiedad intelectual y la firma de una acuerdo de colaboración entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (Impi) y la industria.

También se propuso la creación de un comité de coordinación interinstitucional anticrimen, así como el desarrollo de un programa de seguimiento del Acuerdo Nacional contra la Piratería.

Amcham señaló que diversos factores, como la falta de regulación y las lagunas legales, los largos y complejos procedimientos, los nexos del comercio de productos falsificados con el crimen organizado, la extendida cultura de aceptación o apatía hacia el comercio ilícito y la corrupción, dificultan el desarrollo de estrategias efectivas para hacer frente a este problema.

Propone modificar la Ley aduanera para incluir un padrón único de marcas de importación, de modo que los importadores proporcionen descripción, naturaleza y demás características de las mercancías que comercian y el nombre de los posibles titulares o representantes legales de las marcas afectadas.

Así, cuando alguien más llegue con una marca igual, la aduana podría corroborar directamente con el propietario de los derechos de ese producto, si efectivamente la mercancía es legal o no.

También se propusieron reformas a la Ley de la Propiedad Industrial con objeto de reforzar los mecanismos de vigilancia y sanción de los derechos tutelados por dicha ley.

Investiga la PGR a siete empresas por medicamentos apócrifos

Al menos 7 empresas son investigadas por la Procuraduría General de la República (PGR) por comercializar medicamentos piratas, principalmente suplementos alimenticios, vitaminas y fármacos para dolores musculares, informó Arturo Germán Rangel, subprocurador de Investigaciones Especiales en Delitos Federales de la PGR.

Luego de su participación en un foro organizado por la Amcham, el funcionario precisó que dicha práctica está particularmente extendida en estados como Guadalajara, Michoacán y Guanajuato, aunque señaló que recientemente se han detectado casos en Tamaulipas, Nuevo León y Yucatán.

Es (un problema) grave porque ha estado creciendo y la gente que adquiere esos productos lo hace sin receta, sin saber que es un producto caduco, introducido ilegalmente en el país o bien que es apócrifo, indicó.

El funcionario precisó que dichos productos se comercializan no solamente en el mercado negro, sino también en locales establecidos.

En Jalisco hay una zona que todo mundo conoce como El Santuario, donde son comercios establecidos y donde la gente llega pero no necesariamente sabe que lo que se vende es un producto apócrifo, explicó.

El subprocurador aseveró que difícilmente el consumidor se da cuenta de que está consumiendo un producto pirata y son los médicos los que se dan cuenta, cuando los medicamentos no hacen efecto. Los casos más peligrosos que se han detectado son de fármacos contra el cáncer.