La Cámara de Senadores aprobó este martes la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que tiene como propósito regular el tratamiento legítimo, controlado e informado para garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

La ley fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación.

En el dictamen se argumenta que el uso de nuevas tecnologías ha supuesto una irrupción en el ámbito de lo privado, vulnerando la esfera de uno de los derechos fundamentales de los individuos: la privacidad.

A partir de esta ley, toda persona tendrá la facultad de decidir quién, cómo y para qué usa su información personal, porque el consentimiento de cada persona es el eje rector del nuevo derecho, ya que los datos sí tienen un dueño: el propio individuo.

En primera instancia, los diputados aprobaron un dictamen y enviaron la minuta al Senado el 13 de abril de pasado. Ésta “impone obligaciones a los sujetos que utilizan la información de las personas, de manera que sólo utilicen los datos personales para los fines para los cuales fueron recabados, observando medidas de seguridad que eviten su pérdida, robo o acceso no autorizado.

El titular de los datos gozará del derecho de controlar la información que sobre él detente cualquier particular: tiendas departamentales, hospitales privados, universidades, aseguradoras o bancos. Los ciudadanos tendrán la posibilidad de acudir ante una autoridad independiente que les garantice pleno acceso a su información, la rectificación de sus datos en caso de estar incorrectos, pedir la eliminación o borrado de informaciones incorrectas o innecesarias.

Los legisladores refieren que la tecnología posibilita conocer todo sobre una persona: “dónde vive, en qué trabaja, su estado civil, número telefónico, correo electrónico, preferencias sexuales, estado de salud, trayectoria laboral, entre otros, pero eso no significa que esté permitido utilizar la información para fines distintos y mucho menos sin el consentimiento del titular.

La ley señala que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) se denominará Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y será el órgano garante del derecho a la protección de los mismos.

En las consideraciones se advierte como indispensable abatir la compra-venta de información que ha convertido a México en un paraíso de datos personales; esta ley no impedirá el libre flujo de datos, antes bien, se dará bajo reglas claras y respetuosas dictadas por el titular de dicha información.

Se subraya que México será el primer país que emita una ley que cumpla con los estándares internacionales, además de que es acorde con los compromisos adquiridos en foros regionales o internacionales en materia de protección de datos.

La ley hará a México más competitivo, al alinearse con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y del Foro para la Cooperación Económica Asia-Pacífico; posibilitará la generación de empleos y fuentes de ingresos, y permitirá flujos de inversión foránea.

Las sanciones para quienes violen esta ley van de cien hasta 320 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, y se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal.