Los argumentos científicos y los triunfos jurídicos de comunidades en contra de concesiones mineras y proyectos de presas que contaminan acuíferos, devastan bosques y acaban con la biodiversidad son ignorados por el gobierno federal. Mantiene el apoyo a esos planes contra la propia ley, y no existe procuración de justicia, señalaron ayer pobladores que están en riesgo de ser desplazados y padecen escasez de agua.

Durante el foro La devastación ambiental de México a través de sus comunidades, realizado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, representantes de Jalisco, San Luis Potosí, Guerrero y Distrito Federal, entre otras entidades, presentaron casos cuya constante es que han actuado dentro de la legalidad, promoviendo recursos jurídicos y documentación científica para echar abajo los planes que les afectan, sin obtener resultados positivos.

Ahí, Juan Carlos Ruiz Guadalajara relató la lucha que los ejidatarios de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, comenzaron en 1999. A partir de esa fecha impulsaron recursos legales, debido a que las autoridades ambientales otorgaron su aval a la Minera San Xavier, de capital canadiense, para explotar el socavón, a pesar de que se encuentra en un área protegida. Ésta fue precisamente la razón por la que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le revocó los permisos. Pero a pesar de ello, la empresa continúa operando.

En su intervención, ante decenas de estudiantes y académicos, explicó que ahora la compañía canadiense labora sin permiso ambiental y argumenta que lo hace al amparo de la norma oficial mexicana 155 de la Secretaría de Medio Ambiente, la cual determina los requisitos para los sistemas de lixiviación de minerales.

Diariamente la minera, en una zona semidesértica, utiliza 32 millones de litros de agua, que mezcla con 16 toneladas de cianuro, para lixiviar los metales. Se trata de líquido que no podrá ser reutilizado, agregó Ruiz Guadalajara. La empresa declara que existe medio gramo de oro por cada tonelada de corteza terrestre, y con ese método de explotación, a tajo abierto, le cuesta 180 dólares obtener una onza de oro, la cual, posteriormente, vende en mil 200 dólares. Por cada 28 gramos de oro destruye 56 toneladas de montaña, apuntó.

A su vez, Jorge Usil expuso el caso de Granjas Carroll, ubicadas en Perote, donde, aseguró, existe contaminación de aire y suelo. Además, los pobladores temen que el agua esté contaminada. Pidió a los asistentes que apoyen a las comunidades de esa zona para realizar pruebas sobre la calidad del líquido.

Dijo que hay alrededor de 100 granjas en la zona, entre Veracruz y Puebla, las cuales generan problemas de contaminación que se manifiestan en malos olores en toda el área, donde hay al menos 26 comunidades. Recordó que en La Gloria ocurrió el primer caso de la llamada influenza humana, originalmente denominada gripe porcina, “lo cual dejó a esa población una estatua del niño considerado como el caso cero, un parque con pasto –en una área donde escasea el agua– y calles pavimentadas”. Eso, abundó, contrasta con el resto de las localidades, que carecen de servicios y caminos.

Por su parte, Pablo Aguilar, habitante de Magdalena Contreras, expuso la intención del Gobierno del Distrito Federal de construir la supervía poniente, lo que ha generado acciones de resistencia de 300 asociaciones vecinales.

También se presentaron los casos de La Parota, en Guerrero, donde la Comisión Federal de Electricidad reimpulsa la construcción de la hidroeléctrica que desplazará a miles de personas y devastará zonas boscosas que tienen gran biodiversidad; El Salto, en Juanacatlán, Jalisco, donde las comunidades reciben las aguas industriales y urbanas más contaminadas de México. Dos niños murieron al beber líquido del río Santiago. También destaca la edificación del libramiento Arco Norte, en Puebla, el cual despojará de tierras a decenas de personas, y el tiradero a cielo abierto de Alpuyeca, Morelos, que contamina aire, agua y suelo de esa localidad.