or unanimidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación inmediata de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas otomíes apresadas el 5 de agosto de 2006 y condenadas a 21 años de prisión, luego de que la Procuraduría General de la República las acusó de haber secuestrado –junto con Jacinta Francisco Marcial, excarcelada en septiembre pasado– a seis efectivos de la extinta Agencia Federal de Investigación en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Alcántara Juan y González Cornelio fueron puestas en libertad ayer mismo.

a Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) cumplió su palabra. Esta organización paramilitar, creada por el gobierno del estado de Oaxaca desde el año de 1994 para controlar la región triqui, volvió a sacar las armas haciendo que sangre inocente volviera a teñir las verdes laderas de ese territorio indígena. De acuerdo con la información preliminar que públicamente ha circulado, de la agresión resultaron dos personas muertas: la mexicana Beatriz Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia, mientras más de una docena de activistas se encuentra en calidad de desaparecidos, sin que sus compañeros sepan si están muertos, heridos o escondidos en algún lugar, porque tomaron rumbo al monte para protegerse de las balas asesinas.

l jueves pasado fui detenido por un retén militar. El soldado que habló conmigo fue amable y hasta sonriente. Me pidió que descendiera de mi automóvil porque tendría que hacer una revisión. Le hice notar que podía hacerla, pero que no era constitucional. Me recitó de memoria el artículo 89, fracción VI, de la Constitución: es facultad del Presidente de la República preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Le dije que sí, pero que antes estaba el artículo 16 del mismo texto constitucional. No había terminado de hablar cuando el soldado, haciendo alarde de su memoria, me recitó el inicio del 16: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Y entonces? El soldado se rió, añadiendo que él recibía órdenes de sus superiores y que estaba haciendo su trabajo. Me reí también y le dije que estaba bien, que revisara mi carro, bajo protesta, añadí entre dientes. Abrió la cajuelita de guantes y tomó en sus manos la cartera donde está el manual del vehículo, lo movió con un dedo y sonriendo me dijo, ya está revisado. Ahí quedó todo, me subí de nuevo al carro y continué mi camino.

ontra las previsiones que vieron con optimismo la nueva colaboración con Estados Unidos, los escenarios de la frontera se complican a uno y otro lado, pues a la violencia en lugares como Ciudad Juárez (citado sólo como ejemplo paradigmático) se suma ahora la campaña racista emprendida por el gobierno de Arizona. Pareciera, en efecto, como si se tratara de crear una sucursal del infierno para los mexicanos –y centroamericanos– que intentan cruzar la línea atraídos por el imán de la aún primera economía global. Las bandas delincuenciales encargadas del trasiego de las drogas son también las responsables de la trata de personas y, en general, de los mayores y más violentos negocios ilícitos que ponen en riesgo la seguridad de las personas y la viabilidad económica y social de importantes ciudades y regiones fronterizas.

l movimiento de masas contra el golpe de Estado en Honduras logró consolidarse en diez meses de lucha como una fuerza política nacional de primera magnitud, capaz de proponerse una importante transformación social y política del país. Enfrentado a una creciente represión y a la demagogia de Lobo, nueva cabeza visible del golpismo impuesta por la farsa electoral, el Frente Nacional de Resistencia Popular(FNRP) ha conseguido enrolar a las más diversas fuerzas sociales y pueblos –incluyendo indígenas y afrodescendientes–, elevar apreciablemente la conciencia política de sus integrantes y mantener sus posiciones de principio unidas a una táctica flexible, que le permite avanzar en condiciones muy adversas en la batalla política que tiene por delante.