El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, el priísta Ardelio Vargas Fosado, afirmó que la minuta del Senado en materia de seguridad nacional no se votará al vapor y, por lo tanto, no será ratificada en el periodo ordinario de sesiones que concluye hoy.

Tenemos que ser muy cuidadosos, se trata de una reforma vital para el país que involucra a una institución tan relevante como el Ejército y que, por lo tanto, no podemos resolver en 24 horas, cuando a la Cámara de Senadores le llevó un año analizarla y votarla, aseguró.

Vargas Fosado dijo en entrevista que para citar al análisis de la minuta –que se recibió ayer y se turnó a las comisiones unidas de Defensa, Gobernación y Justicia– debe cumplirse el trámite de convocar a reunión de trabajo mediante la publicación del citatorio en la Gaceta Parlamentaria, lo cual podría ocurrir hoy. En ese caso, detalló, se convocaría al trabajo en comisiones para el viernes.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral Jurado, inició un intenso cabildeo con Vargas Fosado y la bancada del Partido del Trabajo (PT), para tratar que la minuta se dictaminara a más tardar este jueves para presentarla al pleno y dispensarle todos los trámites para validarla.

Al presentar una iniciativa para acotar el fuero de guerra, el vicecoordinador del PT, Enrique Ibarra, advirtió que su bancada no permitirá un albazo de las comisiones a las que se turnó la minuta.

Nos opondremos tajantemente a que se quiera convertir a la Cámara de Diputados en una simple oficialía de partes, si se pretende desahogar en 24 horas la mal llamada Ley de Seguridad Nacional, afirmó.

Ibarra afirmó que esa reforma sólo obedece al interés de una camarilla en el poder, de dudosa legitimidad y que degrada el papel del Legislativo, habiendo tantas propuestas que legislar en materia de derechos humanos, seguridad pública y defensa.

Sin embargo, ponderó que al definir los límites de la actuación del Ejército en el combate a la delincuencia organizada, el Código de Justicia Militar se limite a regular la jurisdicción castrense, y que los delitos comunes cometidos por militares en contra de civiles sean juzgados en tribunales comunes. Sólo así se podrá limitar la indebida extensión de la jurisdicción militar, afirmó.

Sostuvo que la reforma al Código de Justicia Militar no es una concesión graciosa ni una moneda de cambio, como admitieron los senadores, sino una obligación del Estado mexicano a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.

Las obligaciones del Estado mexicano ante instancias internacionales no están sujetas a negociación ni pueden pretender su cumplimiento por vías jurídicamente inaceptables y políticamente tramposas, como las que aprobó la mayoría del Senado. La actualización de impunidad y el descontento social, así como la responsabilidad del Estado nos obliga a que la reforma del fuero de guerra sea el punto de partida y no una consideración secundaria en los debates de este Congreso, declaró.