Por unanimidad, el Senado de la República aprobó ayer reformas la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por las que se fortalece al instituto rector en la materia y se reglamenta el uso de datos personales en poder de dependencias y organismos públicos.

La reforma indica que ya no podrá invocarse el secreto bancario, fiduciario e industrial cuando se encuentren involucrados recursos públicos federales y, por ello, debe abrirse la información contenida en los muchos fideicomisos integrados con dinero del Estado.

Además cambia la denominación de esa legislación, que en adelante será la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), por Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y obliga a las autoridades a justificar plenamente la reserva de cualquier dato, incluidos los que en otras leyes se consideren como reservados o confidenciales.

Se crea el principio de que cualquier información de particulares en manos del Estado es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes y se crea la prueba de interés público, para determinar la procedencia de hacer pública la información de particulares, cuando ante la presentación de recurso de revisión, se acredite que existen razones relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Jesús Murillo Karam, destacó que uno de los puntos torales de esta reforma es impedir cualquier espacio para la opacidad y discrecionalidad del sector público, es la incorporación a la ley de la prohibición para los sujetos obligados de invocar los secretos fiscal, bancario y fiduciario, cuando en éstos se encuentren involucrados recursos públicos federales.

Murillo Karam aseveró: con esta reforma los ciudadanos podrán conocer sin cortapisas el uso, ejercicio y destino de los recursos públicos; sentar las bases de un nuevo modelo en la relación entre gobierno y ciudadano, basado en la premisa fundamental de la confianza.

Con la reforma aprobada se garantiza que la información que deba ser publicitada en los sitios de Internet de los sujetos obligados sea más precisa y de mayor interés para el ciudadano.

Impone un mecanismo denominado prueba de daño que pretende justificar las excepciones al principio de máxima publicidad consagrado en el artículo 6 de la Constitución. En todos los casos la autoridad deberá justificar la reserva de toda la información pública.

Con la nueva ley se crea una regulación armónica, integral y comprensiva en la materia que colme la laguna legislativa existente y tenga como objetivo principal evitar el uso indebido, la comercialización, transmisión, difusión y disposición de datos personales, que obren en manos del sector público, en forma ilícita.

Se incorporan también los principios de licitud, consentimiento, calidad, finalidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales: además se crean los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que permitirán crear las condiciones que garanticen el resguardo, uso, transmisión, mantenimiento y disposición de los datos personales en posesión del sector público.

En tanto, la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, indicó que con las reformas a la hoy denominada Ley Federal de Transparencia y Protección de Datos Personales (LFTPDP) se fortalecerán las verificaciones y vigilancia de ese organismo en los sistemas de datos personales que poseen las 249 dependencias y entidades de la administración pública federal (APF).

En entrevista, al término de la sesión plenaria, advirtió que al IFAI le llevará cuando menos año y medio crear las condiciones indispensables para garantizar una verdadera protección de los datos personales en manos de grupos privados y en el sector público.

El legislador nos dio año y medio para que hagamos la parte reglamentaria, que es muy complicada, porque se tienen que definir los principios generales, lineamientos y especificaciones sobre el tipo de sanciones en caso de un mal uso o tráfico de los datos. Aunado a ello, se requerirá de más personal, pues hasta ahora estamos hechos para el acceso a la información.

Precisó que el Poder Legislativo ha otorgado atribuciones al IFAI para que sancione a los grupos privados que hagan mal uso de esos datos. En el caso de la LFTPDP, Peschard se reservó los comentarios porque falta que esa ley sea aprobada por los diputados y pueden darse cambios.

Lo cierto, dijo, es que en el IFAI tenemos ahora una nueva vocación que vamos a desarrollar sin que se afecte la transparencia y el acceso a la información.

Con información de Elizabeth Velasco C.