En el penúltimo día de sesiones, este jueves, el Senado votará la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, por la que se abre el camino a la privatización total de la electricidad y se posibilita la intervención de trasnacionales en la prestación de servicios en todos los sectores, fundamentalmente el educativo, de salud, carretero, hidráulico, entre otros.

Quieren aprovechar el cierre del periodo para sacar casi a escondidas esa ley, que no es otra cosa que una venta de garaje de los bienes de la nación, advirtió el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, quien hoy presentará un voto particular sobre esa reforma.

El dictamen de esa reforma presidencial, que ayer quedó en primera lectura, permite a las dependencias gubernamentales adjudicar contratos de manera directa y hasta por 40 años a la iniciativa privada y extranjera, para obras que serán financiadas con recursos presupuestales.

En el mismo, Monreal denuncia que nunca fue convocado a discutir el dictamen que se pretende aprobar.

Igualmente, el senador Alfonso Sánchez Anaya del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que su bancada votará en contra de la iniciativa presidencial, ya que legaliza la entrega de la áreas estratégicas y los bienes de la nación a consorcios nacionales y multinacionales que podrán construir escuelas, hospitales y cárceles y administrarlos, comprometiendo las finanzas públicas por casi medio siglo.

Por ejemplo, mencionó que las asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero que operarán en este 2010 significarán un costo elevado, de casi 38 millones por cada kilómetro, lo que representa un costo 65 por ciento superior a lo que se erogaría si esa infraestructura fuera levantada únicamente con recursos públicos.

El presidente de la Comisión de Comercio del Senado, Eloy Cantú, sostuvo que los cambios a la iniciativa original que el presidente Felipe Calderón hizo llegar a esa cámara en noviembre de 2008 permitirán que la iniciativa privada participe en la construcción de infraestructura nueva, no la ya existente, además de que en ningún caso se permitirán capitales de particulares donde las leyes sustantivas lo prohíben.

Por separado, los senadores Anaya y Monreal lo refutaron y advirtieron que el primer sector que se quiere poner en bandeja a las trasnacionales es el eléctrico, por el mismo camino seguido hasta el momento de aprovechar una ley secundaria.

En la exposición de motivos del dictamen, elaborado por el priísta Cantú, se detalla que se consideró necesario señalar expresamente que, tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica.