as denuncias por maltrato y hostigamiento laboral reveladas por empleados de la Secretaría de Gobernación (SG) constituyen, más que señalamientos anecdóticos y aislados, un fiel reflejo del deterioro institucional en curso y de la persistencia de prácticas indeseables, abusivas y antidemocráticas en las oficinas gubernamentales, elementos que gravitan en mayor descrédito del conjunto de la institucionalidad del país.
Según los datos disponibles, las acusaciones por discriminación salarial, corrupción, abuso de autoridad y prepotencia en la SG son sólo una arista de las malas prácticas que –sin llegar a ser una norma– se han convertido en tendencia y pauta de conducta en esa dependencia. Otra cara de esas prácticas inaceptables fue revelada hace unos meses por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante un informe en el que se documenta que siete de cada 10 mujeres que laboran en Gobernación han sido víctimas de discriminación de género, y tres de cada 10 han sufrido algún tipo de acoso sexual. Las denuncias referidas permiten formarse un panorama del ambiente que se vive en algunas oficinas de gobierno, donde los injustificables salarios y las prestaciones principescas con que se regalan los altos funcionarios coexisten con las condiciones de precariedad, acoso e incertidumbre laboral de los empleados menores.
La alternancia de colores y siglas en el poder ocurrida en el año 2000 trajo consigo reivindicaciones discursivas de un ejercicio del poder basado en transparencia en el manejo de los recursos públicos –ya sean humanos, económicos o materiales– y en la rendición de cuentas, pero los gobiernos emanados del blanquiazul han abrazado las actitudes opuestas: en este tiempo, lo mismo se han reportado diversos casos de manejo patrimonialista de dependencias públicas, convertidas en coto personal de algunos políticos, que manejos financieros como los que tuvieron lugar en la administración foxista, cuando el gobierno ejerció más de 70 mil millones de dólares procedentes de los excedentes de los precios petroleros sin que hasta la fecha se tenga una noción exacta del destino de esos recursos.
La proliferación de estas denuncias tendría que atraer la atención de las autoridades competentes, y ameritaría, por elementales razones de legalidad y decoro institucional, una investigación profunda y la aplicación de las correspondientes sanciones a los responsables. En el caso de las referidas acusaciones de empleados de la SG, el esclarecimiento se vuelve más imperioso e impostergable por la importancia estratégica que tiene esa dependencia en el panorama político del país, y por el énfasis discursivo que su titular, Fernando Gómez Mont, ha puesto en reiteradas ocasiones en la defensa de la legalidad y el estado de derecho. En la medida en que la transparencia, la rendición de cuentas y el apego a las leyes no sean normas de conducta dentro de las oficinas gubernamentales, difícilmente podrán serlo fuera de ellas, y los funcionarios del gobierno federal no tendrán, en suma, motivos para sorprenderse por el desprestigio generalizado que experimentan las instituciones ante la opinión pública.
