Por causa de utilidad pública, el gobierno de Venezuela decretó este jueves la adquisición forzosa de Molinos Nacionales (Monaca), propiedad mayoritaria de la trasnacional mexicana de alimentos Gruma, el mayor productor de harina de maíz y tortillas en el mundo. El corporativo respondió que iniciará gestiones para recibir una indemnización de manera pronta, adecuada y efectiva, de acuerdo con lo establecido en un tratado internacional de protección de inversiones suscrito por Caracas.

Mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela, con la firma del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se obliga a la adquisición forzosa de los bienes muebles e inmuebles de Monaca, una empresa dedicada a la producción, procesamiento y almacenaje de harina de trigo, harina de maíz, pasta de arroz, aceite, avena, productos del mar, adobo y especias. Para ello empresa y gobierno deberán establecer negociaciones para determinar el valor de los activos.

Gruma opera dos filiales en Venezuela, Molinos Nacionales (Monaca) y Derivados de Maíz Seleccionado (Demaseca), entidades controladas 100 por ciento por las sociedades españolas denominadas Valores Mundiales y Consorcio Andino, las dos propiedad mayoritaria del consorcio mexicano.

Ambas generan 10 por ciento de los ingresos de la trasnacional mexicana en el mundo, por lo cual la noticia de la expropiación de una de ellas provocó ayer una caída de 6.58 por ciento en el precio de las acciones de Gruma en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde encabezaron el listado de títulos con mayores pérdidas.

El corporativo mexicano es propietario de 72.86 por ciento de Valores Mundiales, empresa constituida bajo las leyes del reino de España, que a su vez es propietaria de 100 por ciento del capital social de Monaca, explicó. Por ser Valores Mundiales una empresa española, precisó, su inversión en Venezuela se encuentra amparada por el Acuerdo para la promoción y protección recíproca entre España y Venezuela, suscrito por los gobiernos de ambos países.

Desde noviembre de 2009 las operaciones de Gruma estaban bajo investigación del gobierno venezolano como parte de un proceso en contra de Ricardo Fernández Barrueco, un socio local de Monaca. Pero el decreto publicado ayer señala que la adquisición forzosa de la subsidiaria “forma parte de la ejecución de la obra ‘consolidación de la capacidad de procesamiento socialista agroindustrial para la Venezuela del siglo XXI’” y dejó completamente de lado el affaire causado por el ex banquero.

–¿Esperaban este decreto? ¿Tuvieron oportunidad de expresar al gobierno de Venezuela sus puntos de vista?

Raúl Peláez Cano, director corporativo de planeación y finanzas de Gruma, responde. “La verdad, nos llegó de sorpresa; soy franco. No lo esperábamos. Gruma tiene 20 años en Venezuela, los pasados 10 años con el gobierno del presidente Hugo Chávez. Las dificultades empezaron en noviembre por un problema suscitado por nuestro ex socio (Ricardo Fernández Barrueco), que indebidamente se ostentaba como mayoritario y en realidad tenía una participación minoritaria. Se mete en problemas y le confiscan los bancos.

El gobierno se fue de bruces. Eso fue en noviembre. Empezamos a demostrar en todas las instancias que Fernández Barrueco era un accionista minoritario, e incluso que su participación la tenía hipotecada. Fue el único malentendido que hemos tenido con el gobierno venezolano, y de ahí nuestras empresas estuvieron intervenidas por la guardia nacional; luego salió la guardia nacional y entraron funcionarios que hacían que todo siguiera en orden.

Entrevistado por La Jornada expuso que nosotros tenemos domiciliadas las dos empresas bajo un tratado de Venezuela con España en cuanto a expropiación de activos. Ya está muy claro en ese tratado lo que sucede. Ya hubo un caso de expropiación y se pagó correctamente, sí funcionó, muchas empresas no tuvieron la misma suerte. Si no llegamos a acuerdo en el tratado, hay otra opción, que sería una instancia del Banco Mundial (BM), que actúa como árbitro. Seguramente llegaremos a un acuerdo porque la relación con Venezuela es muy respetuosa.

El antecedente al que se refirió el directivo es el del banco Santander, cuya filial venezolana fue comprada el año pasado por el gobierno bajo un acuerdo negociado con la casa matriz de la firma financiera .

–¿Cómo fue evolucionando la situación desde el inicio de la investigación en noviembre? ¿Qué información recibieron en estos meses del gobierno de Venezuela?

–Fue primero un poco fuerte porque, sin deberla ni temerla, y gracias al ex socio que se metió en problemas en el sector financiero venezolano, el gobierno decidió requisar los bancos que había comprado y se fue de frente. Nos intervino la empresa 90 días primero. Fue al principio una relación tensa, porque la intervención la hizo el ejército. Ganamos confianza, vieron que producíamos con la mayor calidad y capacidad. Hay serios problemas de abasto, son el segundo consumidor de pasta en el mundo y no producen trigo. Empezamos a ganar confianza y avanzó el proceso jurídico donde nos deslindamos de la participación del ex socio. La relación era buena.

Entendemos que es una estrategia que tienen para mantener el control de productos básicos. Las empresas que tenemos allá están domiciliadas en España. Existe el tratado recíproco de inversiones y el gobierno tiene que compensar no nada más el valor justo, sino de manera pronta, adecuada y efectiva. Santander ya es un caso de negociación rápida y pago pronto y generoso. No esperamos menos que eso.

–¿Qué sigue?

–Sigue la negociación, Gruma debe ser indemnizada, esperar a que esto suceda. La relación con el gobierno siempre ha sido buena.

–¿Impugnar?

–El mecanismo está muy prestablecido, lo tenemos que llevar a cabo. Tenemos seis meses de negociaciones como se dicta en el tratado y en dado caso, en el remoto caso de no acuerdo, entra el Banco Mundial, que se dedica a dirimir este tipo de controversias. No vemos el tema jurídico, la relación es muy buena.

–¿Qué pasa con las demás operaciones de Gruma en Venezuela?

–Es una operación de una empresa que se dedica a la producción de harina de maíz, no tenemos información hasta ahorita de que el gobierno venezolano espere hacer algo similar y está operando a 100 por ciento ahorita.