a desaparición de Diego Fernández de Cevallos, quien fue candidato presidencial y legislador del Partido Acción Nacional, privado de su libertad la noche del viernes en las inmediaciones de su rancho en Querétaro, introduce factores adicionales de incertidumbre y zozobra en el panorama político y social del país.

Por principio de cuentas, el hecho referido ocurre en un contexto de profundo deterioro en materia de seguridad pública, en el que convergen un avance creciente de las expresiones de violencia de las organizaciones criminales y la incapacidad de las autoridades de distintos niveles para contenerlas. Tal avance se ve reflejado en la cuota diaria de ejecuciones y levantones asociados al crimen organizado, y en las numerosas víctimas civiles inocentes que han muerto en situaciones poco claras durante los enfrentamientos entre cárteles o bien entre éstos y las fuerzas públicas.

En el terreno político, la desaparición de Fernández de Cevallos tiene como precedente inmediato anterios la ejecución del candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas, José Mario Guajardo. En tal circunstancia, desde el momento en que se conoció la desaparición del político panista comenzaron a circular en el país versiones sobre su posible asesinato, sin que las autoridades hayan podido revertir plenamente esos rumores.

El caso que se comenta reviste mayor notoriedad por cuanto la víctima de este hecho –condenable e injustificable desde cualquier óptica– es uno de los actores políticos más oscuros de las últimas dos décadas: distanciado de la vida pública en años recientes, Fernández de Cevallos es reconocido, entre otras cosas, por su participación central en la legitimación de la cuestionada presidencia de Carlos Salinas de Gortari y por el desarrollo de litigios judiciales contra el Estado mientras se desempeñaba como legislador, en algo que le valió acusaciones por presunto tráfico de influencias.

El pasado jueves, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, insistió en el mantenimiento de su estrategia de seguridad pública y sostuvo que su administración ha avanzado en todas las batallas, menos en la de la percepción. Pero, a juzgar por los hechos ocurridos este fin de semana, el sentir de temor generalizado entre la población no se explica como asunto de meras percepciones, sino como el efecto de una realidad que se impone al discurso oficial. El entorno de inseguridad y violencia que sufre la sociedad, la incapacidad de las autoridades para detener el embate de la criminalidad y el agravante de la descomposición y del descrédito institucionales –ocasionado en buena medida por la actitud hermética y opaca en el manejo de la información oficial, como ocurrió ayer–, multiplican los efectos políticos de esta desaparición y generan una extendida percepción de precariedad del poder público.

Ante tales consideraciones, resulta urgente e ineludible que el gobierno federal se consagre al esclarecimiento de estos hechos y se conduzca, en el marco de las pesquisas correspondientes, de manera eficaz y transparente de cara a la sociedad; que informe con puntualidad y consistencia sobre los resultados de las investigaciones. Más aún, ante la vulnerabilidad a la que se han visto expuestos integrantes de la clase política recientemente, es necesario que el gobierno asuma como tarea principal erradicar la violencia y la descomposción social que se vive en el país, pues si alguien con el poder y las influencias de Fernández de Cevallos puede ser objeto de un acto de este tipo, la perspeciva resulta catastrófica para el conjunto de los ciudadanos comunes.