A finales de 2008 el Congreso de la Unión autorizó a la Armada de México la adquisición de un jet ejecutivo de transporte, por lo que la dependencia compró una aeronave nueva Gulfstream G-450 en alrededor de 30 millones de dólares. Sin embargo, esto generó envidias en el gabinete, que derivaron en que la nave fuera entregada ilegalmente al Estado Mayor Presidencial en abril pasado.

La controversia surgió cuando se hizo pública la intención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de adquirir también un jet ejecutivo, y al rechazar la Secretaría de Hacienda la compra del aparato, el alto mando de la Sedena se inconformó, por considerar que el Ejército había sido tratado injustamente, según confirmaron fuentes oficiales, las cuales agregaron que, para evitar problemas, Calderón tomó la decisión de que el jet de la Armada fuera transferido.

La orden incluyó la obligación de la dependencia que encabeza el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, de proporcionar a los pilotos y a la tripulación de la aeronave, y continuar pagando el costo del combustible y del mantenimiento.

Los informantes precisaron que el almirante Saynez acató en abril pasado la decisión y la nave está ya a disposición del Estado Mayor Presidencial, del personal de logística de la Presidencia de la República.

Funcionarios consultados reconocieron que la decisión violó el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, en el que los diputados autorizaron los recursos para la adquisición de un bien específico y para una dependencia determinada.

Aseveraron que el Ejecutivo federal no tiene facultades para interferir en las decisiones del Congreso, y que con su intervención violó flagrantemente la división de poderes.

Durante el tiempo que estuvo al servicio de la Armada, la aeronave, con capacidad para 20 pasajeros, era utilizada para trasladar detenidos o agentes del Ministerios Públicos de la Federación cuando su presencia era necesaria en escenas del crimen o enfrentamientos en los que tomaron parte elementos de las fuerzas especiales de la Armada.

De acuerdo con información recabada, la adquisición del jet se dio en el marco de la estrategia nacional implementada por la Armada de México para combatir al crimen organizado, ante la necesidad de incrementar la capacidad y seguridad para el transporte de funcionarios del área, elementos operativos y traslado de detenidos calificados como peligrosos.

La dependencia justificó, según explicaron fuentes oficiales, la importancia de contar con una nave con mayor autonomía que los viejos aviones Sabreliner modelos 1967 y 1978, los cuales fueron dados de baja –con la llegada del nuevo avión– porque eran obsoletos por su alto costo de mantenimiento y por no reunir los parámetros de seguridad y aeronavegabilidad necesarios para las crecientes tareas de los marinos en labores de lucha contra el crimen.

La compra del aparato fue sui generis, según aseguraron funcionarios consultados, porque si bien el Congreso ya había aprobado la compra del jet, resulta que esas operaciones pueden tardar años, porque hay listas de espera de los solicitantes.

En este caso la compañía Gulfstream recibió la cancelación de un pedido y por ello, aseguran los informantes, ofreció la aeronave a la Marina en 4 millones y medio de dólares por debajo de su precio comercial, con la ventaja de que el avión se entregaría de forma inmediata.

Por su parte, el general Guillermo Galván Galván ya había hecho los trámites con la Secretaría de Hacienda para que le autorizara la compra de un jet ejecutivo denominado Global Express, fabricado por la empresa canadiense Bombardier, con un costo aproximado de 40 millones de dólares.

Galván argumentó que la aeronave, con autonomía de más de 9 mil kilómetros, suficiente para vuelos intercontinentales y con capacidad para 17 pasajeros, tenía el objetivo de transportar al alto mando y a su estado mayor, además de prestar apoyo a personalidades civiles y funcionarios.

Se difundió la versión de que el jet solicitado era de superlujo, lo que generó diferencias en el gabinete sobre la conveniencia de adquirir un aparato de esas características, cuando las actuales condiciones económicas no permiten ese tipo de gastos.

Fuentes consultadas señalaron que el propio presidente Calderón tuvo conocimiento de los hechos y decidió que lo mejor era aplazar la operación.

Esto generó molestia en el alto mando de la Sedena, porque los militares consideraron que los habían tratado injustamente con relación a la Armada. Entonces se tomó la controvertida decisión.