Abogados penalistas coinciden en que la suspensión de las investigaciones sobre el secuestro del ex senador panista Diego Fernández de Cevallos, anunciada el pasado sábado por la Procuraduría General de la República (PGR), es una decisión indebida e ilegal del Ministerio Público Federal, institución que está obligada a indagar de oficio cualquier caso de plagio.

El Estado mexicano no puede renunciar a su función de procurar justicia. Cualquier intento de que algún particular pase a ocupar las funciones de Ministerio Público deja un antecedente muy negativo, además de que es una acción ilegal, expuso Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México.

En el mismo sentido se manifestaron los penalistas Julio Hernández Pliego y Xavier Olea Peláez, quienes refirieron que los fiscales federales pueden incurrir en responsabilidades administrativas y/o penales en caso de que archiven las pesquisas del caso Diego sin que hayan concluido.

Miranda Esquivel destacó que, de acuerdo con nuestras leyes, no puede haber nadie más que el Ministerio Público que garantice la tutela de nuestros derechos constitucionales. Ninguna norma faculta a los particulares para que asuman funciones de Ministerio Público y puedan indagar, por la vía privada, el paradero de una víctima de plagio, refirió.

–La PGR alega que a petición de los familiares del político panista suspendió las pesquisas, en aras de impedir que los captores de El jefe Diego lo asesinen. ¿Eso justifica legalmente la suspensión de la indagatoria? –se le preguntó al presidente de la Unión de Juristas de México.

–Claro que no, porque en última instancia quien se supone tiene los recursos y la facultad constitucional para garantizar de manera plena la integridad de las personas es el Estado, mediante sus instituciones de procuración de justicia y seguridad pública.

Agregó que la decisión de la PGR de suspender las indagatorias deja un precedente negativo, de discriminación, “porque si todos los familiares de las personas que han sido víctimas contratan abogados o negociadores privados para contactar e investigar a los plagiarios, prácticamente desaparecería la función del Estado y del Ministerio Público, y quedaríamos sujetos a la ley de la selva.

No se puede generar un estado de excepción a partir de una decisión de un órgano administrativo y de procuración de justicia, como lo es la PGR. Hay que recalcar que la privación ilegal de la libertad es un delito que se persigue de oficio, puntualizó.

En el mismo sentido, Julio Hernández Pliego, profesor de derecho procesal penal en la Universidad Nacional Autónoma de México, refirió que el ejercicio de las acciones de procuración de justicia, en cualquier estado democrático de derecho, de ninguna manera debe quedar confiado al capricho o al gusto los particulares.