Organizaciones no gubernamentales que defienden las garantías básicas en Chiapas, Jalisco, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Colima, así como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que establezca medidas cautelares para la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, ante los constantes ataques de grupos paramilitares.

Desde junio del año pasado han sido asesinados ocho comuneros de Ostula, Coire y Pómaro.

Además de los ataques, la población teme porque, según sus versiones, elementos de la Marina están levantando encuestas en las encargaturas para determinar el número de hombres, mujeres y niños que habitan en la zona, así como la cifra de tiendas de abarrotes y de vehículos que hay en cada localidad. Los pobladores se han negado a proporcionar la información, ante el temor de que sea utilizada en una estrategia contrainsurgente.

Las ONG denunciaron la impunidad con que operan los grupos paramilitares en esa región, en la cual hay una fuerte presencia del Ejército y de la Marina, así como del grupo antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, por lo que resulta alarmante la situación y omisión de las autoridades.

La Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Derechos Indígenas, de Apoyo al Trabajador y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, entre otras, demandaron que las autoridades actúen ya para desarticular a los grupos paramilitares, se respete y reconozca a la policía comunitaria de Santa María Ostula y se resuelva definitivamente el conflicto agrario.

La comunidad ganó un amparo federal ante los tribunales colegiados, que ordenaron al Superior Agrario que repusiera el procedimiento judicial, debido a que el plano definitivo de la resolución presidencial tiene errores tipográficos en la ubicación de colindancias y en la elaboración técnica, lo que dejó sin garantías jurídicas a la comunidad, la cual demanda la entrega de mil hectáreas invadidas desde hace 40 años por pequeños propietarios de La Placita.

El 29 de junio de 2009, día en que la comunidad ganó el juicio, un grupo atacó a 200 hombres. En febrero de este año, un comando secuestró a Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles cuando estaban en un restaurante en el municipio de Aquila.

El 20 de abril, un comando sitió la casa del presidente del comisariado de bienes comunales, quien fue plagiado.