Representantes de organizaciones sociales de Oaxaca se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) para explorar la manera en que el gobierno federal apoyará a decenas de miles de defraudados por cajas populares en esa entidad.

Los afectados afirman que las autoridades federales ofrecen reponerles hasta 40 por ciento de aportaciones, pero con un tope de 230 mil pesos por cada ahorrador.

Sin embargo, muchos invirtieron cantidades superiores, producto de remesas de sus parientes que laboran en Estados Unidos; algunos aportaron más de un millón de pesos.

Según cálculos de quienes gestionan la devolución, el nivel del fraude ronda 3 mil millones de pesos.

Estamos hablando de cerca de 15 millones de pesos por cada comunidad; en el caso de Huajuapan, por mencionar un municipio, son cerca de 30 mil millones, precisó Santos Escamilla, presidente de la asociación Espíritu de pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, uno de los cinco grupos que gestionan soluciones.

Son cerca de 20 cajas populares, entre las que se encuentran Cofía y Caja Popular del Sureste, que se declararon en quiebra pero en realidad, afirman los ahorradores, cometieron fraude con total impunidad y la protección de autoridades estatales.

Tras el encuentro con funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno de la SG –donde se atienden los casos que pueden derivar en situaciones de violencia o enfrentamiento–, los representantes aseguraron que autoridades estatales están solapando a los dueños de las cajas, quienes en una maraña de nombres y razones sociales de supuestas empresas están ilocalizables.

De acuerdo con el testimonio de quienes estuvieron ayer en Bucareli, debido a la operación de cajas populares en Oaxaca han sido afectados decenas de miles de todas las regiones en las que está dividida esa entidad.

Se calcula, afirmaron, que uno de cada cuatro oaxaqueños ha depositado dinero en ese tipo de establecimientos, motivados por la promesa de recibir 10 por ciento de interés anual.

El cálculo corresponde a que 25 por ciento de oaxaqueños trabajan en Estados Unidos y envían dinero a sus parientes con regularidad, quienes las depositaron en las cajas mencionadas.

Tras conocerse el fraude se presentaron denuncias ante la procuraduría estatal; no obstante, esa instancia no tipificó la acción como robo o fraude, al argumentar que los involucrados entregaron voluntariamente sus aportaciones.