uando el PAN estaba en la oposición cumplía una importante función de vigilancia que era un poderoso disuasivo para los funcionarios abusivos asociados con gobiernos priístas. Fueron estos últimos los que introdujeron cambios en la administración pública con el fin de frenar la corrupción, por ejemplo la Secretaría de la Función Pública –originalmente llamada Secretaría de la Contraloría–. Ahora no hay quién vigile a los panistas –la autoridad moral de los otros partidos en ese respecto es más bien limitada–, que se comportan igual, si no es que peor, que los priístas de los años 70. Favoritismo, nepotismo, licitaciones amañadas, recursos públicos desviados a operaciones especulativas, tráfico de influencias, caracterizan a las administraciones panistas que al inicio se nos presentaron como una orgullosa parvada de mirlos blancos. El temor a la Contraloría introdujo orden en la administración gubernamental; los funcionarios del pasado respetaban a esa instancia y cumplían con sus requerimientos. Ahora no es así. Hace unas semanas la Secretaría de la Función Pública presentó una larga lista de funcionarios, entre ellos muchos de primer nivel, que no habían hecho su declaración patrimonial. Una omisión que hubiera sido impensable antes de 2000.

Así, las amargas noticias que recibimos a diario a propósito de la violencia en el país, el desempleo y el maltrato a los mexicanos en Estados Unidos, son todavía más amargas cuando se publican al mismo tiempo notas que refieren la corrupción de funcionarios panistas. Tanto ha sido el empeño de Felipe Calderón de colonizar la administración pública con miembros de partido, que en la selección de presidentes municipales, secretarios, subsecretarios, directores generales, embajadores, ha pasado a segundo término no sólo la competencia profesional, sino también la honestidad. Lo mismo ha ocurrido con varios candidatos panistas que, no obstante su mala fama pública, se presentan ante el electorado arropados en los pliegues del PAN. Al igual que en los peores momentos del PRI, su propósito fundamental es acogerse al fuero legislativo.

El escándalo más reciente lo protagoniza Francisco López Tostado, que fue subsecretario de Sagarpa hasta 2006, y que ahora funge como delegado de la misma secretaría en Guanajuato, su estado de origen. Se le acusa de beneficiar gracias a un contrato multianual a una empresa del Bajío, Lograar, de la que él mismo y su hijo son accionistas, para la distribución de un biofertilizante subsidiado. Por cierto, no deja de llamar la atención la prosperidad de mucho guanajuatense asociada con el gobierno de Vicente Fox. La información a propósito del señor López Tostado y de su hijo proviene de la Secretaría de la Función Pública, que afirma que es el resultado de una investigación que está en marcha desde hace meses. No obstante, no parece haber muchas indagaciones de esta naturaleza, pese a que más o menos todos los días la prensa da a conocer las numerosas denuncias que se presentan contra funcionarios de distintos niveles –la mayoría de filiación panista–, que no distinguen el interés público de sus intereses privados, y tampoco conocen el significado del concepto conflicto de intereses, y les parece natural otorgar contratos a sus parientes y a sus amigos, con la peregrina idea de que sólo la credencial partidista distingue al funcionario honesto del funcionario deshonesto. Esta interpretación nos recuerda los bobos prejuicios del ex presidente Fox, de triste memoria, en relación con la Presidencia de la República o con el mismo PRI, que según él no estaban sujetos a ninguna regla, sino que respondían a los caprichos personales del presidente en funciones. Así intentó gobernar. Y así nos fue.

Una de las banderas históricas de Acción Nacional fue la lucha contra la corrupción. A finales del siglo XX, la promesa de que con sus candidatos en el poder llegaría a su fin fue uno de los motores de su victoria. Por desgracia, ahora ninguno de los tres partidos grandes puede prometernos un gobierno honesto, porque carecen de credibilidad. Los tres han sido –o son– gobierno, y han incurrido en grandes actos de corrupción. Ninguno de ellos puede erigirse en defensor del interés público, como logró hacerlo a ojos de muchos el PAN cuando estaba en la oposición. Este atributo le ganó el apoyo circunstancial de muchos, un sostén que difícilmente podrá recuperar. Tendrían que saber que la corrupción desprestigia a la democracia tanto o más que el mal gobierno.