La detención de Gregorio Sánchez Martínez no es más que una actuación perversa de la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar que el ex alcalde de Cancún participe en el proceso electoral para renovar el gobierno de Quintana Roo, afirmó ayer la dirigencia nacional perredista.

“Sí, vamos a actuar para defender a Greg de esta injusticia, desde luego. No pedimos otra cosa más que se haga una investigación, si quieren hacerlo apegado a la normatividad y a la legalidad; todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero aquí es ‘detén para que investigues’ y no investigar para detener, como lo están haciendo”, acusó el presidente del PRD, Jesús Ortega.

En conferencia de prensa, Ortega desmintió que la PGR haya avisado de esta detención y subrayó que Gregorio Sánchez fue citado ante la institución para declarar como testigo. Incluso él preguntó si necesitaba abogado y la procuraduría le dijo que no.

Destacó que no es la primera ocasión en que la procuraduría ejerce acción penal en contra de militantes del PRD, basada en la declaración de testigos protegidos. Recordó que en casos como el de Michoacán, todos los señalados por esos testigos pagados fueron liberados por falta de pruebas. Mencionó también que la procuraduría no pudo conseguir una orden de aprehensión en una primera instancia, ya que el juez consideró que no aportaba pruebas suficientes para ello, por lo que recurrió a un juez a modo para que con elementos insuficientes se liberara la orden de aprehensión.

Ortega aseguró que se trata de una persecución que se inició en 2008, cuando Gregorio Sánchez fue candidato a la presidencia municipal de Cancún, saliendo victorioso. Sin embargo, recordó, nos quisieron robar la elección con diversas marrullerías y tuvimos que hacer movilizaciones de rechazo al fraude electoral que pretendía el gobernador del estado.

Dijo que al surgir su nombre como posible candidato se inició una maniobra legislativa para bloquearlo, hasta que el 12 de enero de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad que el PRD presentó para echar abajo una reforma a la Constitución local en la que se establecía la necesaria residencia de 20 años en Quintana Roo para poder contender por la gubernatura.

Ortega destacó que el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, dijo que el 15 de enero de 2010, tres días después de la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte, se inicia, ¡qué casualidad!, la averiguación previa.