La crisis financiera echó por tierra el progreso social de los últimos años en América Latina. La región se consolidó como la más desigual del mundo: el ingreso promedio por persona en el estrato más acaudalado supera 17 veces al que percibe 40 por ciento de personas en los hogares más pobres. Ese es el problema y la solución, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), pasa por replantear la forma en que el Estado fue relegado de las decisiones económicas en las pasadas tres décadas.

El informe que a partir de este domingo será discutido en el periodo anual de sesiones de la Cepal, en Brasilia, la capital brasileña, resalta la necesidad de un fuerte papel del Estado, al que confiere la calidad de principal actor en la conciliación de políticas de estabilidad y crecimiento económico, de desarrollo productivo, promoción de empleo y de mayor igualdad social.

Las reformas de los años 80 del siglo pasado, de reducción del papel del Estado en la economía y liberalización económica y financiera, y el impacto de la crisis de la deuda aumentaron las brechas de ingresos en la región, apuntó la Cepal en su informe La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir, que será entregado a los gobiernos de la región en el marco del 33 periodo de sesiones del organismo.

La Cepal apuntó que la disparidad distributiva que caracteriza a los países de América Latina y el Caribe puede observarse al comparar la relación de ingresos entre el decil (10 por ciento del total de la población) más rico y los cuatro deciles más pobres. El ingreso medio por persona de los hogares ubicados en el decil más alto supera 17 veces al del 40 por ciento ciento de los más pobres. El efecto inmediato de este nivel de desigualdad es que se inhíbe el traslado de los frutos del crecimiento a los sectores más pobres, añadió.

Entre 1990 y 2002 la región mostró una marcada rigidez en la distribución del ingreso, que había alcanzado valores históricos en la década de 1980. La Cepal añadió que el periodo de 2003 a 2008 se caracterizó por un crecimiento económico sostenido en Latinoamérica y el Caribe, así como por una tendencia, leve pero evidente, hacia una menor concentración del ingreso.

Si bien las mejoras distributivas de inicios de siglo son positivas, la evidencia parece indicar la persistencia de cuatro aspectos centrales que limitan los futuros avances en materia de igualdad: la distribución del ingreso, la distribución de la educación y el conocimiento, la muy desigual capacidad para aprovechar esa educación y conocimientos en el mercado laboral y la reproducción intergeneracional de la desigualdad, señala el informe.

El origen

La Cepal recuerda en el informe que la crisis de la deuda externa a principio de los 80 (los presupuestos públicos de varios países de la región se consumían en el pago de intereses a acreedores externos) provocó fuertes restricciones financieras en el gasto público. Para cubrir los déficits fiscales se impuso como criterio de política reducir el gasto público, sobre todo el social.

El Estado contrajo su rol social, regulatorio y empresarial. Se privatizó parte de la provisión del bienestar, se redujo el gasto público social y se promovió la descentralización. Diversos regímenes de seguridad social, salud y hasta educación fueron transformados de sistemas de reparto (los trabajadores en activo financiaban con sus aportaciones las pensiones de los que estaban jubilados), centralizados, con redistribución de ingresos y riesgos, a sistemas que debían ajustar en la mayor medida posible las prestaciones de las personas a sus capacidades en el mercado, e incentivar el aseguramiento individual y el acceso por los propios medios, recuerda el reporte.

En el terreno laboral, la política social se caracterizó por la implementación de políticas de desregulación y flexibilización contractual con tendencias a la reducción de los costos salariales y la precarización contractual, lo que fomentó el trabajo por cuenta propia y el trabajo informal, en condiciones de elevadas tasas de desempleo, indicó la Cepal.

El informe no refiere casos específicos, pero el tipo de política laboral impuesta en algunos países de la región en los años 80 retrata rasgos de la propuesta de reforma impulsada por el gobierno mexicano y su partido en la Cámara de Diputados, con el apoyo de sectores empresariales y la prensa pro empresarial.

En el área de los servicios sociales, continúa el informe, a partir de la década de los años 80 se tendió a descentralizar los sistemas educativos y de salud pública, con los consiguientes problemas de financiamiento a nivel de las entidades federativas o provincias. Se privatizaron parte de estos servicios, así como la infraestructura social básica. En el ámbito asistencial, mientras tanto, el esfuerzo se centralizó en el desarrollo de políticas de combate a la pobreza, con la consiguiente masificación y multiplicación de programas sociales focalizados, abundó.

El documento de la Cepal planteó:

“En América Latina y el Caribe el comienzo de la década de 1980 estuvo marcado por la crisis de la deuda, que coincidió con la reorientación de la política y la economía, el nuevo patrón de globalización y el predominio del proyecto de sociedad basado en los mecanismos de mercado autorregulado y el predominio de los agentes privados.

En el diagnóstico que se hizo en ese entonces de la crisis latinoamericana, se atribuyó especial relevancia al excesivo crecimiento del Estado en décadas precedentes y a la incapacidad de controlar el déficit público y las demandas salariales de los sectores público y privado. Esta crítica coincidió con la globalización económica, una onda de apertura, el sesgo a la desregulación de los intercambios globales tanto financieros como comerciales y la deslocalización productiva en función de los costos de los factores de producción.

Fue en ese marco que en la región se impulsaron dos tipos de medidas: unas, encaminadas a promover la estabilidad mediante la aplicación de políticas públicas orientadas por los mecanismos de mercado y otras que apuntaban a reducir el tamaño del Estado y su grado de intervención económica, agregó la Cepal. En ese camino se desmantelaron instituciones fundamentales para el desarrollo de sectores como el agrícola o el industrial, que, indicó, tenían un papel importante en la formulación de políticas de largo plazo y en el desarrollo productivo.

Nuevo papel del Estado

La Cepal destacó la necesidad de posicionar al Estado en el lugar que le corresponde en la conducción de estrategias de desarrollo en los países de la región. Es preciso sortear supuestos que la evidencia histórica actualmente cuestiona y que en su momento contribuyeron a demonizar ora al mercado, ora al Estado. La calidad y eficiencia de los mercados en la región dependerán de la calidad y probidad de los Estados para regularlos por medio de mecanismos apropiados de control, incentivos y orientación. Asimismo, está claro que hay funciones cuya responsabilidad atañe al Estado para velar por el bien común y la cohesión social, indicó.

Aseguró que el mercado por sí solo no produce igualdad ni bienes públicos y tampoco se ocupa de la situación a largo plazo. Esto, dijo, no significa negar la utilidad de los mecanismos de mercado o de las adecuadas combinaciones público-privadas para la asignación de recursos y la provisión de servicios.

El documento de la Cepal resaltó la necesidad de un fuerte papel del Estado. El Estado es el principal actor en la conciliación de políticas de estabilidad, crecimiento económico, desarrollo productivo, promoción del empleo y la igualdad, aseguró.