A la Suprema Corte de Justicia le hace falta una mayor actividad en la defensa y desarrollo de los derechos humanos, reconoció el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ante senadores del PAN. Dijo que es el principal trabajo que debe realizar el máximo tribunal, pero hay varios obstáculos, entre ellos la impresionante sobrecarga laboral que enfrentan.

Advirtió que se requiere una reforma integral al juicio de amparo, a fin de que no sólo la Corte, sino los jueces y magistrados federales puedan empezar a aplicar todos los días y con mayor amplitud la protección de los derechos fundamentales de los mexicanos.

Es urgente fortalecer los órganos jurisdiccionales, ya que en los países donde los jueces hacen bien su trabajo, la importancia de los ombudsman es menor.

Al participar en un foro en torno a la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada el mes pasado en el Senado y que está pendiente en la Cámara de Diputados, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea dijo que ojalá pase en San Lázaro esa legislación, junto con las modificaciones en materia de amparo.

De poco sirve una reforma sustantiva sobre derechos humanos sin modernizar el instrumento fundamental para su defensa, es decir, el amparo. Explicó a los panistas que fortalecer los órganos no jurisdiccionales de derechos humanos, que son los ombusman, es sin duda importante, pero lo es más la defensa por excelencia, a través de la vía la jurisdiccional.

Explicó que durante los últimos 15 años la Corte se centró en controversias entre poderes y no en problemas que tenían que ver con derechos humanos, ya que no se podía entrar en este tema, pero es un asunto que ahora debe ver mucha seriedad.

El ministro Zaldívar detalló cuáles son los obstáculos que impiden entrar de lleno en ese terreno. El primero, dijo, es la gran cantidad de asuntos que deben resolver. Puso como ejemplo que en la sala uno, de la que el forma parte, cada miércoles se desahogan como mínimo 50 casos, más los que estén en el pleno. Aun así sabemos que nos hace falta hacer mucho más.

Se requiere también, explicó, cambios al juicio de amparo, ya que en la gran reforma judicial de 1994 se cometió un olvido que seguimos padeciendo, al no ponderar el papel del juicio de amparo en la nueva concepción del derecho constitucional procesal mexicano.

Dijo que en general no hay una cultura de derechos humanos entre los jueces ni entre los abogados. Para tratar de resolver este problema, en la primera sala estamos haciendo uso creativo de la facultad de atracción, con la idea de tener casos tipo que nos permitan fijar nuevos criterios a través de la jurisprudencia o de la resolución de éstos en lo individual.

Hizo notar que la Suprema Corte no puede resolver todos los asuntos referidos a violaciones de derechos humanos, pero sí unos 10 o 20 al año, dentro de los más representativos.

Explicó que una preocupación toral ha sido la del debido proceso, lo que se hizo en el caso de Acteal y recientemente en el de las indígenas Alberta y Teresa. Este último, plagado de irregularidades, de pruebas aparentemente prefabricadas, de cuestiones absurdas e inverosímiles, y en el que el pleno dictó una sentencia de absolución.