San Cristóbal de Las Casas, Chis., 29 de mayo. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informó que durante 2009 recibió 109 denuncias de violencia contra mujeres, y destacó que la impunidad es el principal problema que se observa ante las denuncias interpuestas por las afectadas, ya que el Estado no realiza eficazmente sus labores de investigación, prevención y sanción.

En su informe anual presentado esta semana, afirmó que el Estado no cumple con el compromiso de proteger los derechos de las mujeres expresado en observaciones, recomendaciones e instrumentos internacionales.

Precisó que las 109 denuncias recibidas se refieren a violencia sexual (cinco), doméstica (73) y laboral (siete), además de 10 por despojo de tierras, cinco por arbitrariedades en el sistema judicial, tres por violencia sicológica –incluye allanamiento de morada por militares y amenazas–, dos por muerte violenta y cuatro por negligencia médica.

El 70 por ciento de los casos se produjeron en zonas urbanas, especialmente en San Cristóbal de las Casas, mientras que el resto en la zona rural de Ocosingo, Zinacantán y Venustiano Carranza.

El organismo que fundó y preside el obispo emérito Samuel Ruiz García citó el caso de una situación de violencia institucional ejercida por el juez del ramo penal de Comitán, quien decretó auto de libertad a favor del agresor de Francisca, mujer sordomuda que fue violada sexualmente.

Dijo que lo anterior se debió a que el juzgado no contaba con un especialista que pudiera ayudar en la comunicación para que la agraviada expresara lo que le había ocurrido, por lo que el juez –cuyo nombre no dio a conocer– no validó su testimonio ni el resto de las pruebas.

Añadió que el presunto agresor, que contaba con antecedentes penales, dado que había cometido anteriormente actos de violación sexual, está libre.

Prevalece impunidad

La impunidad observada demuestra la ineficacia del aparato sancionador del Estado en cuanto al acceso por las mujeres, y garantías y protecciones judiciales de hecho y de derecho, manifestó.

Señaló que esto se debe a causas estructurales y al interés que demuestran los órganos legislativos y los sistemas de procuración y administración de justicia por mantener a la mujer en un lugar subordinado.

Insistió en que tanto en Chiapas como en el resto del país, los casos de violencia no son atendidos de manera adecuada.